¿Manipulación?

Es comprensible que los dirigentes de Izquierda Unida (IU) estén preocupados ante lo que tiene toda la apariencia de constituir una actuación que puede resultar no sólo dañina para la imagen de la coalición, sino incluso posiblemente ilegal, como es la entrega del fichero automatizado de datos personales de sus afiliados, sin su consentimiento, a una empresa privada con el fin de proceder a su actualización. Ésa es una cuestión que deben dilucidar entre ellos los dirigentes y militantes de IU, además de la Agencia de Protección de Datos, que deberá resolver en el sentido que proceda el expediente 69/98 abierto sobre dicha actuación.Pero que se diga, como ha hecho el coordinador de IU, Julio Anguita, que la información de EL PAÍS sobre el asunto "es un caso de manipulación escandalosa" es algo que afecta sobre todo a los lectores de este periódico (también a quienes lo hacen) y, desde luego, al Defensor del Lector, que no puede quedarse impasible ante una acusación que, de ser cierta, apuntaría a la vulneración de elementales principios de ética periodística. Es un caso que justifica con creces que este defensor del lector actúe de oficio en el marco del estatuto que regula sus funciones desde 1986.

Por lo que se deduce de la acusación hecha por Anguita y los responsables directos de la iniciativa -hay que pasar por alto los juicios de intenciones que suelen hacerse cuando una noticia no agrada-, la imputación concreta que se hace a la información de este periódico es que no ha sido contrastada. ¿Es así realmente? Veamos. Lo primero que procede es hacer un análisis de esa información. Después, indagar cómo ha sido realizada.

Lo sustancial de la información está contenido en los artículos publicados en las ediciones del 2 y el 3 de febrero. El primero, titulado La dirección de IU pone en manos de una empresa su fichero de afiliados, mereció la portada del periódico del citado día 2. En él se recogían los dos hechos básicos de la noticia: la entrega por la dirección de IU a la empresa Eurobroker Hardware del fichero de sus afiliados para proceder a su actualización, sin que aquéllos fueran advertidos, y la indignación que esa iniciativa había provocado entre militantes y dirigentes de la coalición. La información daba cuenta de cómo había sido conocida esa iniciativa: el envío a los afiliados de IU -incluso a los que ya han dejado de militar, como los expulsados de Nueva Izquierda- de una tarjeta de Eurobroker Hardware, en la que figuraba el anagrama de la coalición, con la solicitud de datos tales como dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, estudios, profesión, cargo político o sindical y tipo de afiliación sindical. Una reproducción de la referida tarjeta ilustraba la información.

En el artículo publicado el día siguiente, 3 de febrero, con el título IU paraliza la operación de recabar datos de sus militantes a través de una empresa, se recogía la nota de la dirección federal de IU admitiendo el hecho de la entrega, pero negando que fuera ilegal y que pudiera dar lugar a la comercialización de los datos. La información contenía también el punto de vista del responsable de la decisión, al tiempo que daba cuenta del anuncio de algunos dirigentes de Nueva Izquierda de poner el caso en manos de la Agencia de Protección de Datos. En un recuadro se resaltaba la declaración del administrador de Eurobroker Hardware admitiendo haber recibido el fichero de afiliados, garantizando su confidencialidad. La posible comercialización de los datos entregados era presentada como un riesgo, sentido y señalado por algunos militantes, pero no como un hecho. Y el término cesión, que tiene unas determinadas connotaciones legales, siempre ha sido utilizado en su acepción más amplia de "entrega" y "puesta en manos de".

Hasta aquí el análisis de la información, del que no parece desprenderse vulneración de principio ético y profesional alguno. ¿El de veracidad? Los hechos son incontestables. ¿El de contraste de las fuentes? La fuente originaria de la noticia fue contrastada con otras fuentes internas de IU, con la empresa receptora del fichero y encargada de su actualización y con la irrefutable fuente documental de la tarjeta enviada a los afiliados. Tampoco se observa en la información ningún juicio de valor por parte de quien la hace. Son los afectados por los hechos quienes los analizan y alertan sobre sus consecuencias. ¿Hubiera debido EL PAÍS haber silenciado la noticia? Entonces sí que habría vulnerado los códigos éticos y, fundamentalmente, el derecho y el deber constitucional de informar.

¿Cómo fue realizada la información? Su autor, el periodista Rodolfo Serrano, responde a esta pregunta del Defensor del Lector, respetando obviamente el secreto de sus fuentes informativas. "El origen de la información", señala Serrano, "arranca de una llamada de un militante anónimo que me avisa de lo que se está produciendo. En principio, no le di demasiada importancia, aunque anoté el hecho para preguntar a otras fuentes. Hubo otras llamadas, incluidas las de dirigentes cualificados que me hicieron constar la misma queja, con el añadido de una valoración política por lo que suponía de injerencias de la dirección en las federaciones y el uso que hacía de unos datos que no eran de la dirección federal. Me puse en contacto con otras fuentes y pedí que se me suministrara la tarjeta en cuestión, como prueba. Todos me confirmaron la indignación por el hecho de que sus datos estuvieran circulando. También lo comprobé con fuentes internas de la propia IU, que me rogaron respetara el anonimato. En el clima existente en IU para confeccionar los órganos de dirección era comprensible este ruego, que he respetado". Respecto de la acusación de Julio Anguita de no haber "constatado" la noticia, Serrano arguye que "sólo basta decir que no hay mejor constatación que la tarjeta y que no se haya negado nada de la información. Además de con fuentes de IU, la información fue consultada con un responsable de una institución de defensa del ciudadano que confirmó la importancia de los hechos y su posible ilegalidad".

Es posible que a los lectores les parezca demasiado prolija la explicación. Pero el tema y ellos mismos se merecían la aclaración más exhaustiva. Así podrán juzgar con conocimiento de causa los hechos y verificar si han sido manipulados. Los hechos, en tanto que son ciertos y no son ni pueden ser desmentidos, como en este caso, son sagrados. La opinión que merezcan es libre.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número (91) 337 78 36.