Tomey afirma que "nadie se ha llevado un duro" de la Diputación de Guadalajara
El presidente de la Diputación de Guadalajara y senador del PP, Francisco Tomey, aseguró ayer que tras los 3.500 millones de pérdidas detectadas en la Diputación no hay un delito continuado de falsedad en documento público, como le imputa la Fiscalía provincial, sino una mera "cuestión técnico-contable". "Aquí nadie se ha llevado un duro", dijo ayer Tomey, quien culpó al PSOE, de orquestar una campaña para retirarle de la vida política. El senador admitió que la dirección de su partido le ha llamado para tratar el asunto, pero que lo hablado pertenece a su "fuero interno".
En rueda de prensa, Tomey aseguró que no existe tal acusación de la Fiscalía de Guadalajara, sino que el caso se ha elevado ante la Fiscalía General del Estado para que prosiga la investigación al considerar que "hay méritos suficientes para la existencia de un delito de falsedad en documento público, pero todavía no ha intervenido ningún juez". Los socialistas pidieron ayer su dimisión.Pese a la afirmación anterior, Tomey, en otro momento de su comparecencia ante los periodistas explicó que "si los acuerdos son legales por reunir el quórum suficiente, no acierto a comprender cómo se me hace responsable penal de unos actos cuya responsabilidad no me es atribuible", subrayó, y añadió que no admitía "ninguna imputación". Respecto a la posición del PP sobre las acusaciones, Tomey dijo: "Es molesto, desagradable y nos repugna".
Ante el presunto delito de haber falseado los presupuestos de la Diputación Provincial para ocultar 3.500 millones de pérdidas en dicha institución entre 1991 y 1996, Tomey ha asegurado que "todos los acuerdos adoptados por la Diputación en materia presupuestaria se han tomado con los informes preceptivos, y con los votos favorables al acuerdo que legalmente se exige".
"Creo que la denuncia del grupo socialista en la corporación provincial", prosiguió, "tiene fines electoralistas, para intentar conseguir con una utilización torticera de los tribunales lo que no han podido por la vía democrática, mi expulsión del Senado y de la Presidencia de la Diputación".
Tomey afirmó también que "el que la imputación se dirija exclusivamente contra mí es la más rotunda evidencia de que la finalidad que se persigue es política, no jurídica", tras matizar que no había sido una denuncia por corrupción, "porque aquí nadie se ha llevado un duro, sino una cuestión técnico-contable".
"No hay denuncia nominativa, sino de exposición de hechos", afirmó el dirigente popular. Pese a esta afirmación de Tomey, las diligencias enviadas por la fiscal Jefe de la Audiencia de Guadalajara, María Angeles García García, al Fiscal General del Estado señalan que del supuesto delito continuado de falsedad en documento público son autores "verosímilmente" Tomey y el interventor de la Diputación de Guadalajara, José Villalgordo.
Tomey dijo también que no le consta que existan actuaciones periciales que puedan confirmar la denuncia, y que los hechos que le atribuye el PSOE son una mera "cuestión técnico-contable". Sin embargo, el escrito de la fiscalía -el PSOE se limitó a presentar una denuncia en Junio del año pasado- afirma que "no parece que pueda entenderse que exista un mero error contable en esta alteración pertinaz y continuada de los presupuestos".
A preguntas de la prensa, Tomey reconoció que le habían llamado desde la dirección nacional del PP, pero que la conversación pertenecía a su "fuero interno". Tomey, que mostró su confianza en la justicia española, aseguró que desde el Partido Popular no se ha contemplado la posibilidad de emprender acciones judiciales por estos hechos. "No somos partidarios de la vía judicial porque no somos partidarios de judicializar la vida política", dijo.
El también senador y alcalde de Guadalajara, José María Bris, cree que este caso constituye "una burda y estudiada manipulación del PSOE".
A juicio de Bris, la Fiscalía de Guadalajara no debería haber entrado en este asunto "meramente contable" y sobre el que no es experta. "Los políticos no tenemos por qué conocer estas materias para las que existen responsables funcionarios con competencia para ello; no entiendo por qué una denuncia sobre un acuerdo plenario se convierte en una denuncia contra Tomey", puntualizó.
El secretario provincial del PSOE en Guadalajara, José Luis Ros, pidió ayer en otra rueda de prensa la dimisión de Tomey como presidente de la Diputación, tras subrayar que "José María Aznar, cuando estaba como portavoz del PP en el Gobierno de Castilla y León, exigió el cese del presidente en esta comunidad, el socialista Demetrio Madrid, por un hecho menos grave". "Si Aznar consigue que las cosas sigan igual en la Diputación, no dará pruebas nada más que de una auténtica doblez moral y política", y de haberse convertido en "centinela de la ética política mediante un ejercicio de hipocresía", agregó el secretario provincial socialista.
