Editorial:Editorial
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Silencio, se escucha

ALEMANIA ACABÓ ayer, de un plumazo, con un sacrosanto principio de su Constitución que garantizaba que "el domicilio será inviolable", un precepto introducido para olvidar y evitar que se reprodujeran los abusos de la Gestapo. Desde ayer, el domicilio ya no lo será. Tampoco las oficinas ni lugar alguno, pues la Cámara territorial (Bundesrat), en la que los socialdemócratas tienen mayoría, aprobó una modificación de la Ley Fundamental que permite la generalización de las escuchas electrónicas. En principio, sólo los diputados, abogados penalistas en conversaciones con sus defendidos y sacerdotes en el ejercicio de su ministerio gozarán de inviolabilidad frente a las escuchas de la policía o los servicios secretos. Bastará la sospecha de "un peligro para la seguridad pública" o un "crimen grave" para que los demás ciudadanos puedan ser espiados.Con la excusa de luchar contra el crimen, cuyas organizaciones se han vuelto mucho más complejas, Alemania ha asestado un fortísimo golpe a las libertades. En tales condiciones, los periodistas no se sentirán seguros en sus investigaciones, ni los médicos en sus consultas o los abogados en sus despachos. La reforma de la Ley Fundamental pone al país bajo sospecha, aunque en parte venga a constitucionalizar prácticas que ya se daban en algunos lánder (Estados federados).

La mayoría de dos tercios requerida en el Bundesrat para aprobar esta modificación constitucional -que en su día pasó por la Cámara baja (Bundestag)- se alcanzó por un solo voto. Teniendo en cuenta la polémica suscitada, la consiguiente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se debatirá en una comisión de conciliación. Quizá este debate suavice el proyecto y amplíe las excepciones a otros colectivos profesionales, como los periodistas o los abogados, pero habrá otras que endurezcan unas medidas que la policía alemana llevaba años reclamando.

En un contexto expansivo de la vigilancia policial, las nuevas disposiciones facilitan la generalización de las escuchas o grabaciones en vídeo, ya sea como medidas preventivas o a posteriori. La falta de tutela judicial previa en todas estas decisiones aumenta hasta límites peligrosos la inseguridad jurídica en un país en el que los jueces han tenido manga ancha a la hora de otorgar permisos para intervenir teléfonos y que también los fiscales pueden autorizarlos por su propia cuenta. Las nuevas normas, además, no indican con suficiente claridad el uso que se podrá hacer de estas grabaciones e informaciones.

La ley ha sido aprobada por un amplio espectro parlamentario, que incluye a los democristianos, socialcristianos, liberales y socialdemócratas, con algunas excepciones. Esta coincidencia resulta muy preocupante ante la eventualidad de que las elecciones del próximo otoño pudieran arrojar una mayoría de socialdemócratas y verdes, que, a la luz de lo ocurrido ayer, estaría, plagada de contradicciones. Ante esta cuestión de las escuchas electrónicas, el SPD no ha cumplido su papel tradicional de defensor de las libertades y se ha mostrado dividido y sin liderazgo claro. Schröder defendía la medida. Lafontaine planteó serias dudas.

Quizá se pueden encontrar disposiciones parecidas en otras. democracias europeas. Pero Alemania, lo quiera o no, no es un país como los demás, en razón de su pasado nazi y de un régimen comunista y policial en su territorio oriental, en el que las escuchas y chivatazos fueron la norma que llevó a horrendos crímenes. La tranquilidad con que han vivido los ciudadanos de la República Federal y la libertad de que han gozado sus medios de comunicación eran un ejemplo que el Estado debería preservar a toda costa. La lucha contra el crimen no puede justificarlo todo: en esta ocasión, el necesario equilibrio entre libertad y seguridad se ha roto estrepitosamente en beneficio de la segunda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 06 de febrero de 1998.

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