Mayor y Atutxa

NO TIENE justificación que el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, tenga que enterarse por los periódicos o por otras vías indirectas de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía están realizando tareas de vigilancia de los concejales vascos del PP amenazados por los terroristas. Al plantear, autorizar o convalidar esa decisión, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha caído en el mismo vicio de unilateralidad que tantas veces se ha reprochado, con razón, a los nacionalistas vascos.Las cosas ya están bastante mal como para que los propios políticos planteen un conflicto entre las instituciones vascas y las del Estado. La Ertzaintza es una policía integral, con plenas competencias en la "protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público" en el territorio vasco. Las fuerzas de seguridad del Estado conservan la competencia sobre los servicios policiales "extra y supracomunitarios", entre los que puede considerarse el terrorismo en la medida en que su actuación no se circunscribe al País Vasco. El Estatuto de Gernika contempla, con carácter excepcional, la posibilidad de intervención de las policías del Estado en tareas relacionadas con el orden público, bien a requerimiento expreso del Gobierno vasco, bien a instancia del Gobierno central en determinadas circunstancias, pero siempre con la aprobación de la Junta de Seguridad, organismo paritario de coordinación entre la policía vasca y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si Atutxa se ha enterado por la prensa, es evidente que no se ha respetado lo establecido por el estatuto. Cuanto antes se reconozca, menos bazas se darán a los asesinos. La creación de un clima de emotividad y ansiedad que favorezca el enfrentamiento entre las fuerzas democráticas -y la confusión de la gente- es uno de los objetivos de los terroristas al poner en el punto de mira a los concejales del PP. Ya fue bastante penoso el asunto de la cuestación propuesta por el PP para pagarse una vigilancia privada como para repetir el espectáculo. La confusión aumentó ayer ante el peloteo entre el ministro y el portavoz del Gobierno sobre quién debía dar explicaciones acerca de este asunto.

El portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que no ha existido duplicidad porque la policía sólo ha prestado asistencia a los concejales no protegidos por la Ertzaintza. Tal vez sea así, pero de todas formas debía, como mínimo, haberse comunicado el asunto a la Consejería vasca de Interior. Y de existir algún problema habría que haberlo llevado a la Junta de Seguridad, que para eso fue prevista. Ese foro es también el adecuado para plantear eventuales discrepancias sobre la forma más eficaz de proteger a los cargos públicos amenazados. Lo menos afortunado de la actitud de Mayor Oreja ha sido, por tanto, la unilateralidad de su decisión. A no ser que también él se hubiera enterado por el periódico, lo que sería aún más preocupante. Porque un hombre con su conocimiento de la realidad vasca no podía ignorar los efectos que iban a derivarse de una iniciativa que inevitablemente iba a ser interpretada por el Gobierno vasco como un paso atrás respecto a la situación policial existente.

Es cierto que lo principal es proteger a los amenazados. Pero es poco serio aprovecharse del clima emotivo resultante de la extremada crueldad de los asesinos de ETA para pasar por encima de las normas, a riesgo de suscitar un conflicto institucional. Evitarlo es ahora lo más urgente. Precisamente porque el criterio debe ser la protección de los cargos públicos del PP, y no demostrar quién tiene razón, urge una recomposición del diálogo entre Atutxa y Mayor Oreja. Resulta incomprensible que habiéndose entrevistado el miércoles por la noche, horas después saltase una nueva bronca. La talla de los políticos se demuestra en situaciones como ésta. Sólo falta que a la agresión terrorista se sume una crisis institucional.