Propuesta de ley para suprimir con los retroactivos la cárcel por insumisión

Los condenados por insumisión, por negarse a realizar el servicio militar o la prestación social sustitutoria verán anulada la pena de cárcel antes del verano si, como pretenden el PP, CiU y Coalición Canaria, el Parlamento aprueba, su proposición de ley por la que se suprime la pena de prisión y multa por estos delitos. La iniciativa parlamentaria rebaja asimismo de forma notable el periodo de inhabilitación para acceder a cargo público o subvención, que pasa de los 8 a 12 años actuales a un periodo de 4 a 6 años.

De manera simultánea, Joaqim Molins, en Barcelona, y representantes del PP y Coalición Canaria (CC), en Madrid, presentaban una proposición de ley por la que -se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y de la Prestación Social Sustitutoria y, además, se rebajan las penas de inhabilitación por dichos supuestos.Esta misma proposición señala "los preceptos contenidos en la ley tendrán efectos retroactivos en cuanto favorezcan a los condenados mediante sentencia firme con arreglo a la legislación anterior". En la actualidad, la condena por insumisión oscila entre seis meses y dos años de prisión en el caso del servicio militar, y entre ocho y 12 años de inhabilitación para quien no cumpla la prestación social sustitutoria. Una vez producida la reforma, la pena de cárcel y la multa de hasta 36 millones de pesetas desaparecen y la inhabilitación se reduce a un periodo de 4 a 6 años para uno u otro supuesto. Además, la inhabilitación pasará de absoluta a especial.

Los encargados en Madrid de presentar esta proposición fueron los diputados del PP José Antonio Bermúdez de Castro y Arsenio Fernández de Mesa, que destacaron en todo momento que con la medida se pretende acabar "con las situaciones traumáticas" que de hecho ya se están produciendo en el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que el número de insumisos no deja de crecer en España desde que se anunció hace un año la supresión definitiva del servicio militar obligatorio y la profesionalización completa del Ejército para el año 2003. CiU aún no renuncia a adelantar esa fecha al 2001 o al 2002.

Estos parlamentarios expresaron su intención de promover la proposición de ley dentro del periodo de sesiones que empieza la próxima semana de manera que pueda entrar en vigor como ley antes del verano. La iniciativa quiere atar todos los cabos de manera que se beneficien los actuales condenados. El efecto retroactivo de la norma se fija en la disposición transitoria segunda.

En Barcelona fueron los diputados Molins y Carles Campuzano los encargados de anunciar la iniciativa parlamentaria. Molins recordó que ya en 1995, cuando se reformó el Código Penal, CiU propuso limitar el castigo a la inhabilitación especial, pero PSOE y PP lo impidieron. Una vez que ya no hay pena, los castigos por no cumplir el servicio militar desde que se apruebe hasta que en el 2003 desaparezca el servicio militar, se limitarán a penas privativas de derechos, aunque se moderan notablemente rebajando el tiempo de 4 a 6 años. IU rechaza que perviva cualquier tipo de sanción, por lo que su portavoz, Rosa Aguilar, pidió ayer la "despenalización total"

La inhabiIitación especial para empleo o cargo público se aplicará al objetor que alegue falsamente motivos de conciencia para quedar exento del cumplimiento del servicio militar obligatorio. También para aquél que haya sido llamado para hacer la mili y no se presente sin causa justificada, retrasando su incorporación por tiempo superior a un mes. Otra causa de castigo, dentro de este orden de inhabilitación, se contempla para quien deje de asistir al servicio militar por más de 20 días consecutivos o 30 esporádicos sin justa causa. El último supuesto hace referencia a quienes se hayan incorporado para cumplir la Prestación Social Sustitutoria y se niegue a cumplirla.

Entre la variedad de castigos para la inhabilitación se refleja la incapacidad para desempeñar empleo o cargo al servicio de las administraciones, entidades o empresas públicas y, además, la imposibilidad de obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo durante el periodo de condena.

En el PSOE, esta iniciativa fue acogida con irritación. Su portavoz de Defensa, Pedro Moya, llamó "hipócritas" a los populares por defender ahora la supresión de penas de cárcel para los insumisos cuando le llamaron "irresponsable" al presentar una iniciativa prácticamente igual hace dos meses. "El PP baila al son de CIU y es lógico que los nacionalistas catalanes quieran apuntarse el triunfo".