El caso de un objetor
Una pena de ocho años de inhabilitación civil absoluta y una multa de 108.000 pesetas fue la imposición que mantuvo el fiscal del caso en un juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Logroño contra un joven de 26 años que se negó a cumplir la Prestación Social Sustitutoria.
El objetor explicó al tribunal que no se incorporó al puesto asignado, en la asamblea local de Cruz Roja en Calahorra, para no perder un puesto de trabajo. El contrato era temporal, de seis meses. Además, alegó que recientemente su mujer había dado a luz a un niño, que murió dos días después de la fecha en la que debía presentarse en el puesto, en noviembre de 1994. La defensa pidió la libre absolución, dado el "estado de necesidad del acusado", mientras el ministerio público mantuvo la pena inicial solicitada, aduciendo que "un contrato se suspende, pero no se extingue".
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