La oposición argentina pide al Parlamento derogar la Ley de Obediencia Debida
Los partidos de la Alianza opositora argentina propondrán la reforma del Código de Justicia Militar y el Código Penal para que el debate parlamentario que comienza hoy sobre la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tenga un efecto práctico y no quede reducido a una mera declaración testimonial. El presidente Carlos Menem ha reiterado que vetará inmediatamente una eventual derogación de las leyes aprobadas hace 11 años por el Gobierno radical de Raúl Alfonsín y que permitieron dejar en libertad a 1.100 militares que participaron en la represión durante la dictadura de 1976-1983.
Precisamente la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los partidos que integra la Alianza, presentó ayer a sus socios un borrador de proyecto de ley para modificar el artículo 514 del Código de Justicia Militar, que enmarca la obediencia debida en los siguientes términos: "Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior será el único responsable y sólo será considerado cómplice el subordinado cuando éste se hubiere excedido en el cumplimiento de dicha orden".En este punto, los radicales abominan de la obediencia ciega y quieren una mayor concreción de cuáles son las órdenes que exceden el campo de la obediencia debida y convierten el cumplimiento de los mandatos de superiores en delitos que atenten contra el orden constitucional. Según explicó el jefe del grupo radical en la Cámara, Federico Storani, la reforma del código militar derogaría, en los hechos, la polémica ley de Obediencia Debida.
Con la misma intención de impedir que el debate tenga un carácter testimonial, la diputada de la Alianza y posible candidata en las próximas elecciones, Graciela Fernández Meijide, anunció la presentación de un proyecto para modificar el Código Penal, que incluya la penalización del delito de desaparición forzada de personas y un marco legal que obligue a los responsables de los delitos contra los derechos humanos a colaborar con la Justicia. El Código Penal argentino no contempla la desaparición forzada, a pesar de las pruebas y enjuiciamientos por violación de derechos humanos durante la dictadura.
Ir más allá
Los diputados de la oposición parecen dispuestos en el debate de hoy a ir más allá de la discusión de la derogación. En palabras de la diputada del Frepaso Nilda Garré, hay que "continuar la búsqueda de la verdad, explorar mecanismos para que las declaraciones ante la Justicia de personas como Astiz sirvan para algo". Fernández Meijide fue más contundente: "Si el debate se convierte en un reality show, lleno de chicanas [manipulaciones], banalidades y actitudes oportunistas, yo me levanto y me voy".La Alianza opositora quiere evitar a toda costa las divisiones internas en un asunto, especialmente espinoso por la directa responsabilidad de los radicales en la aprobación en 1987, por la presión irresistible de las Fuerzas Armadas, de las leyes objeto del debate. El Partido Justicialista (peronista) en el poder, ha anunciado que sus diputados votarán en bloque a favor de la derogación. Pondrá, así, en aprietos a la Alianza al mostrar a la opinión pública las divergencias que conviven en el seno de la principal alternativa electoral en estos momentos.
Sin embargo, la posición de los peronistas no es cómoda. El presidente Menem, su entorno de colaboradores y algunos senadores rechazan la derogación de las leyes, cuya mención intranquiliza al estamento militar. "No creo conveniente que la historia deba ser revisada en forma permanente", decía ayer el senador Eduardo Bauzá, adelantando que la unidad peronista que puede producirse en la Cámara de Diputados no tendrá su reflejo en el Senado.
[El Partido Justicialista y la oposición también se han declarado dispuestos a discutir hoy el indulto que el presidente Menem concedió en 1990 a los cinco ex jefes militares que en 1985 fueron condenados a cadena perpetua por delitos de represión, inforrma Efe. Entonces fueron excarcelados el general Jorge Videla, el general Roberto Viola y el almirante Emilio Massera, los golpistas de 1976. Aquel indulto también alcanzó a los acusados de atentados guerrilleros perpetrados en los años setenta].
La mayoría desaprueba el perdón
Los argentinos apoyan por abrumadora mayoría la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, según se desprende de dos encuestas publicadas ayer por la prensa bonaerense. El diario La Nación apuntaba que un 78,4% está a favor de derogar las leyes exculpatorias para los militares acusados de delitos en la lucha antisubversiva. Un 18,6% de los consultados estimó que no era conveniente una decisión de tales características.Otro sondeo publicado por el diario Clarín indica que "el 62% de los argentinos está en desacuerdo con las leyes", aunque un 24% considera que no es posible derogarlas o que no conviene "por el malestar que puede traer en las Fuerzas Armadas".
Entre varios juristas consultados, las opiniones son encontradas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, la derogación "no puede tener ningún efecto jurídico", porque estas leyes ya se cumplieron y su derogación apenas podría tener "un valor simbólico". Además, opina, las leyes penales no pueden ser retroactivas y ésa es una garantía constitucional. Por el contrario, el abogado Marcelo Parrilli, vinculado a organizaciones humanitarias, cree posible la derogación: "Eso ya ocurrió en 1983, cuando el Congreso dictó la ley 23.040 que anulaba la autoamnistía decretada por el presidente de facto Reynaldo Bignone".
