Doble proceso contra Bossi por insultos a la bandera italiana

Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, el partido que defiende la escisión de la Padania -una amplia zona del norte de Italia-, se enfrenta, junto a otros 40 dirigentes liguistas, a un nuevo proceso en el que todos arriesgan una condena a cadena perpetua. Guido Papalia, el fiscal de Verona que investigaba los hechos ocurridos en octubre pasado, a raíz de una manifestación de la Liga, y que ordenó registros en los domicilios de varios militantes del servicio de orden padano, conocido como "camisas verdes", decidió el jueves procesar a Ia plana mayor del partido por un presunto "atentado contra la integridad, independencia y unidad del Estado". Delito que está penado en Italia con la cadena perpetua. No es el primer encontronazo de Bossi con la justicia -en diciembre próximo tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo para responder a la acusación de insultos a la bandera italiana, después de proponer que el mejor sitio para la tricolor era el retrete-, pero sí el más grave. La Liga ha respondido a la decisión judicial haciendo un llamamiento a la "revuelta fiscal". La decisión de Papalia ha provocado una ola de condenas entre la clase política italiana. Desde los antiguos aliados de la Liga en la coalición de centro-derecha el Polo de las Libertades, como Gianfranco Fini, hasta el alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, miembro destacado del gubernamental Partido Democrático de la Izquierda, han lamentado la judicialización de una cuestión estrictamente política. También el jurista Ettore Gallo, ex presidente del Tribunal Constitucional, está en desacuerdo con el delito que se les imputa a los liguistas. Para que sea posible hablar de un atentado a la integridad del Estado, ha dicho Gallo, "tienen que darse palabras y hechos", cosa que en el caso de la Liga no parece clara."Las palabras de Bossi deben ser punibles", a juicio del jurista, pero existe en el Código Penal italiano otro artículo más acorde para imputarle a Bossi, como es el de la "instigación pública al delito de atentado contra la integridad del Estado".