Número equivocado
EL PRESIDENTE de Telefónica, Juan Villalonga, ha tenido la ocurrencia de criticar agriamente al Gobierno (al Ministerio de Fomento: Arias-Salgado) por actuar como un regulador parcial y "arbitrista" en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones. El argumento de Villalonga parte de que el Estado e s propietario del 30% de Retevisión; de que es juez y parte en la ordenación del mercado que pretende arbitrar; que practica a favor del segundo operador una discriminación positiva que impediría a Telefónica competir en igualdad de condiciones mediante la imposición de tarifas. Según el presidente de Telefónica, varios proyectos de la compañía que hubiesen podido beneficiar al consumidor han sido bloqueados por la actuación parcial de Fomento. El epílogo de Villalonga advierte sobre el peligro de que los nuevos operadores telefónicos se conviertan en "parásitos privilegiados" de Telefónica y, en línea con el mensaje de recién converso a la libre competencia y a la transparencia total, pide -o más bien exige- que el Estado salga pronto de Retevisión. Resulta paradójica la fe en la competencia empresarial que exhibe el presidente de la ex empresa pública, paradigma de monopolio hasta hace unos días y que todavía opera en condiciones de ventaja sideral frente a un segundo operador que, al menos de momento, sólo puede desarrollar el negocio de llamadas interprovinciales e internacionales. Juan Villalonga, defensor ferviente de¡ mercado sin restricciones, fue nombrado presidente de Telefónica, sin experiencia previa en el sector de las telecomunicaciones, cuando la empresa era un monopolio puro y duro, y por decisión del mismo Gobierno (de su presidente, del que es íntimo amigo) al que hoy acusa de participar "interesadamente" en el segundo operador. No hay constancia de que se quejara cuando las decisiones "arbitristas" -que las hubo,-y en abundancia- beneficiaban a Telefónica; quizá porque la competencia empresarial se entiende mejor cuando uno está en abrumadora ventaja relativa sobre el resto de las compañías. Causa sorpresa que Villalonga arremeta ahora contra el proceso de liberalización de las comunica ciones atacando precisamente aquellos aspectos que parecen más lógicos para equilibrar la enorme desventaja de Retevisión frente a Telefónica. La imagen de una Telefónica "con las manos atadas" frente a una Retevisión "con las manos libres" que dibuja Villalonga no es, como pretende, el resulta do de una lógica perversa, sino la tarea ineludible del regulador mientras se alcanza la libertad total de operaciones. Cuando el presidente de Telefónica pide que el precio de la interconexión que paga Retevisión responda "al coste real que soporta el que realizó las inversiones", está poniendo inadvertida mente el dedo en la llaga y refutando eficazmente su interesada soflama a favor de la libre competencia; porque, efectivamente, las inversiones a las que alude las realizó una empresa pública, trabajando con gestores nombrados desde los Gobiernos y en régimen de monopolio durante más de setenta años. Gracias a este esfuerzo -que no es, desde luego, el de la actual dirección ni de la presente composición accionarial-, Telefónica puede esgrimir hoy una ventaja aplastante en un régimen de libre competencia; y es esa ventaja -que aplicada sin restricciones se convertiría en ventajismo- la que el regulador debe equilibrar mientras se cumplen las etapas marcadas para llegar a la liberalización total. La respuesta pública del ministro de Fomento defendiendo la discriminación positiva como fórmula para aumentar la competencia del mercado mientras se produce la transición es oportuna y, afortunadamente, poco crispada. Las fases de liberalización, que ya suponen un calendario apretado de preparación para el segundo y sucesivos operadores, se irán cumpliendo según los ritmos conocidos, que implican la adjudicación de la tercera licencia de telefonía fija en mayo y la liberalización total en diciembre. De acuerdo con lo previsto, ratificó Arias, el Estado venderá su 30% en Retevisión antes del 1 de diciembre. Mientras se dan estos pasos, el Estado debe seguir actuando como un regulador minucioso de la competencia, y ello implica "maniatar" parcialmente a Telefónica. Porque la competencia abierta que reclama Villalonga, con el señuelo de los beneficios para el consumidor equivaldría a regalar un mercado cautivo a Telefónica, usufructuaria de las ventajas del monopolio recién liquidado.
