CiU rebajará su proposición contra Cardenal si rectifica antes de que se vote

CiU está dispuesta a retirar el último punto de su proposición no de ley si la anunciada comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se produce antes de la votación, como así parece que será, pero siempre que sus explicaciones sean suficientemente satisfactorias, señaló ayer el diputado Ignasi Guardans. En ese último punto los nacionalistas catalanes reclaman de Cardenal y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que rectifiquen sus opiniones justificatorias para con las dictaduras de Chile y Argentina, y la votación no tendría razón de ser si la rectificación se produce antes, agregó.

La comparecencia parlamentaria de Cardenal no cubre la exigencia de CiU de que también Fungairiño rectifique. Éste no puede comparecer ante la Cámara, pero no es ésta la única vía posible para dar explicaciones. Los nacionalistas podrían darse por satisfechos si el fiscal general desautoriza expresamente a su subordinado.Fuentes parlamentarias aventuraron que Cardenal comparecerá ante la comisión de Justicia e Interior el próximo día 5, mientras que el primer pleno del Congreso será el día 10. Esta salidapara evitar que el PP sufra un revolcón parlamentario ya se dibujó el pasado domingo, cuando el portavoz de CiU, Joaquim Molins, informó por teléfono al vicepresidente Francisco Álvarez Cascos de la iniciativa que se estaba elaborando y éste contestó que el propio Grupo Popular pediría la comparacencia de Cardenal. Ese día el diario Avui ya adelantaba las intenciones de CiU.

No fue éste el primer aviso que recibió el PP de lo que pensaba hacer el grupo parlamentario catalán. El viernes el portavozde CiU en la comisión de Justicia e Interior, Manuel Silva, telefoneó a su homólogo del PP, Andrés Ollero, para ponerle al corriente de lo que se estaba preparando, según confirmó ayer el diputado catalán. Silva actuaba siguiendo instrucciones de Molins, quien la víspera, cuando se preparó el borrador de la proposición, pidió a sus diputados que pusieran al corriente a sus contactos habituales en el PP.

La existencia de estos contactos previos demuestra, indicaron medios de CiU, que si es que ha habido descoordinación, ha sido en el Gobierno o entre éste y el grupo parlamentario del PP. Eso explicaría que, el miércoles, el presidente José María Aznar reprochara a sus socios que actuaran por su cuenta sin consultarle, mientras Álvarez Cascos negaba el conflicto. El diputado Ignasi Guardans negó ayer que hubiera habido descoordinación en el seno de la coalición nacionalista, pese a que Jordi Pujol había aceptado la víspera la existencia de fallos de coordinación.

En las conversaciones entre Molins y Cascos, que continuaron el lunes, se concertó un texto que fuera asumible para el PP. Del redactado final de la proposición no sólo cayó la exigencia de que ambos fiscales fueran removidos de sus cargos, sino también toda referencia a que las destituciones se reclamarían si las explicaciones de ambos no fueran suficientes.

Esta crisis pone de relieve una cuestión de fondo: hasta qué punto están obligados los diputados de CiU a consultar con el PP cualquier iniciativa propia; y cuándo deben hacerlo: ya al pensarla o antes de materializarla a través de un escrito entrado en la Cámara. Jordi Pujol, que no desea abrir conflictos con el Gobierno de José María Aznar que alteren el calendario de la legislatura que ambos han pactado, pretende que el grupo parlamentario no tome iniciativas que perjudiquen el entendimiento. Pero entre los diputados de CiU se considera "metafísicamente imposible" pactarlo previamente todo, e "inconveniente" pedir permiso al PP incluso para pensar en cualquier iniciativa.

Fiscales progresistas

La Unión Progresista de Fiscales considera irrelevante la rectificación que puedan hacer ahora Cardenal y Fungairiño respecto a sus afirmaciones sobre las dictaduras chilena y argentina, "hechas por escrito y no necesitadas de aclaración, ya que son inequívocas". Sí merecen aclaración, añade esta asociación de fiscales, las razones por las que la Fiscalía General ha invertido, desde octubre de 1997, su posición antaño favorable a la competencia de la jurisdicción penal española en los casos de violación de los derechos humanos en Chile y Argentina. Por otro lado, la UPF considera que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, ha protagonizado una intromisión política en el Ministerio Fiscal y un incumplimiento de lo establecido en su Estatuto Orgánico cuando trasladó a Cardenal "la necesidad" de que "esclarezca de la forma más contundente los acontecimientos acaecidos" en relación con el mensaje dirigido por el fiscal general a los representantes de las dos asociaciones profesionales de fiscales, porque fue una invitación a ejercer la potestad disciplinaria.