La colecta del PP provoca dudas legales en el Tribunal de Cuentas

La batalla política se mezcla ahora también con la polémica legal. La decisión de la cúpula del PP de abrir una cuenta bancaria para financiar la seguridad de los cargos públicos del partido en el País Vasco, defendida el pasado lunes por el propio José María Aznar, suscita serias dudas sobre su legalidad entre los miembros del Tribunal de Cuentas. La ejecutiva del PSOE y diversos juristas también ponen reparos Jurídicos a la discutida iniciativa.

El Partido Popular preguntó si era legal la colecta al Tribunal de Cuentas, cuyo presidente, Ubaldo Nieto -elegido el pasado diciembre a iniciativa del PP-, contestó afirmativamente, pero sin haber consultado, previamente a los restantes consejeros. La duda legal se centra en que la Ley de Financiación de Partidos Políticos señala que éstos "podrán recibir aportaciones no finalistas", es decir, que no tengan un fin específico. Sin embargo, el portavoz popular en la Comisión de Justicia del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, insistió el martes en un debate en la cadena SER en que la cuenta abierta "tiene sentido finalista". El PSOE reclamó ayer los términos exactos de la consulta del PP al Tribunal de Cuentas y la respuesta que recibió. El socialista Ramón Jáuregui consideró "de dudosa legalidad" la apertura de la cuenta bancaria y pidió al PP que la cancele y solicite a Interior la ayuda que necesite. Entretanto, el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos respondió con una desconcertante frase a quienes critican que su partido recurra a la seguridad privada en Euskadi. "La peor de las situaciones", se quejó, "es que no está garantizada la seguridad porque nadie toma medidas para proteger a los concejales del País Vasco". El líder del PNV, Xabier Arzalluz, terció también en la polémica: "Es peligroso plantear medidas de seguridad para todos los cargos; se crearía una situación insostenible".