Los jueces buscan pistas de pagos de comisiones ilegales en la etapa de Mitterrand

Los registros de las casas y despachos del antiguo ministro de Exteriores francés y hoy presidente del Consejo Constitucional, Roland Dumas, ha puesto en manos de los jueces Eva Joly y Laurence Vichnievsky el rastro de movimientos de cuentas por un total de 10 millones de francos (250 millones de pesetas). Los jueces han encontrado igualmente un giro bancario de 3,5 millones de francos (87,5 millones de pesetas) procedentes de una cuenta bancaria extranjera a nombre del Congo.

Todos estos movimientos fueron efectuados entre 1991 y 1995, después de que, sorprendentemente, el Ministerio de Exteriores y la Presidencia de la República levantarán su veto a la venta a Taiwan de seis fragatas con equipos electrónicos, una operación que suscitaba el rechazo frontal de China.

Las razones del Estado francés para autorizar la venta de las fragatas hechas por la empresa pública francesa Thomson son aún una incógnita por resolver, aunque el enigma mayor del caso reside en saber por qué Christine Deviers-Joncour, amiga de Roland Dumas, cobró por la operación 1. 125 millones de pesetas en comisiones.

A estas alturas, se sabe que ese dinero no provino de Thomson, como parecería lógico ,sino de la petrolera pública francesa Elf, en la que Christine Deviers-Joncours desempeñaba la misión específica de estrechar las "relaciones públicas" con el Ministerio de Exteriores que dirigía su amigo Roland Dumas. En ejercicio de ese cargo y sin que exista una explicación convincente, Christine Deviers-Joncour acompañaba regularmente al ministro en sus frecuentes viajes al extranjero y era vista con asiduidad en el despacho ministerial.

Los desvíos de fondos en Elf, una empresa con poderosos tentáculos en el extranjero y en el Ministerio de Cooperación, -fuente inagotable, a su vez, de sospechas de corruptelas-, fueron una práctica común durante la época de las fragatas de Taiwan. La pregunta es por qué la petroleras Elf pagó a Christine Deviers-Joncour la comisión que Thomson se negó a desembolsar. ¿Por qué Thomson, que había prometido una comisión de 3.750 millones de pesetas -el 1% de la cifra total de negocio-, a los intermediarios que consiguieran modificar la actitud del Gobierno chino, consideró que el éxito de la operación no era fruto de intervención de la red de Elf en la República Popular China? Por el momento, los jueces aún no tienen la respuesta.