El fiscal pide seis años de cárcel para 'Ios Albertos' por quedarse con 4.342 millones

La fiscalía de Madrid solicita seis años de cárcel y una multa de 12 meses para Alberto Alcocer y Alberto Cortina, conocidos como los Albertos, por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad en la venta a KIO del solar que ocupan hoy en Madrid las torres del mismo nombre. La fiscalía considera que los Albertos y otras dos personas -Álvaro Álvarez Alonso y Rafael Montes Sánchez, para quienes solicita igual pena- se apropiaron ilícitamente de 4.342 millones de pesetas en la operación de venta a KIO del solar que Urbanor poseía en la plaza de Castilla de Madrid.

Sostiene el ministerio público que los acusados pactaron con KIO, a espaldas de los accionistas minoritarios de Urbanor, un precio por el solar distinto del que realmente abonó KIO por adquirir ese solar. 4.342 millones es la cantidad que, según el fiscal, se apropiaron los cuatro acusados en detrimento de los pequeños accionistas.Los seis años de cárcel que les reclama el fiscal significa que Los Albertos y los otros dos inculpados tendrán que sentarse próximamente en el banquillo de los acusados para responder de ambos delitos. El caso ha sido investigado durante varios años en el Juzgado de Instrucción 18 de la plaza de Castilla, del que es titular el juez Ramiro Ventura, y es fruto de una querella que interpusieron los accionistas minoritarios.

El relato de hechos del fiscal comienza en los primeros meses de 1987, cuando los acusados acordaron "una importantísima operación financiera" tendente a constituir el grupo Cartera Central. El objetivo de esa operación era hacerse con el paquete accionarial que KIO poseía en el antiguo Banco Central (hoy Central Hispano), que entonces importaba 19.000 millones de pesetas. En ese contexto, acordaron con De la Rosa permutar el valor de las acciones del banco por el valor del solar de Urbanor, una mercantil madrileña cuyo único cometido era la gestión de ese terreno.

Los Albertos convencieron más tarde a los pequeños accionistas de Urbanor para que aceptasen una ampliación de capital. Les prometieron que con sus "influencias políticas" conseguirían recalificar el solar y aumentar su edificabilidad, lo que les permitiría vender luego el terreno a un buen comprador por un valor muy superior al que entonces tenía. Los accionistas originarios accedieron y la ampliación de capital se desarrolló el 5 de marzo de 1987.

En noviembre de 1987, los acusados y De la Rosa fijaron el precio del solar en 27.431 millones de pesetas, 231.000 pesetas por cada metro cuadrado de solar. Fue entonces, según el fiscal, cuando los acusados pactaron con KIO un precio por sus acciones superior al de los otros accionistas. Es decir, que el paquete accionarial de los acusados (un 54%) fuese "sobreretribuido" sin que los otros accionistas lo supieran. No obstante, los acusados hicieron creer a los otros accionistas que todos habían recibido igual cantidad por cada acción.

Los Albertos indicaron ayer mediante un comunicado que el escrito de acusación del fiscal "no se ajusta a la realidad de los hechos y carece de soporte probatorio" en el sumario, donde "constan documentos y declaraciones totalmente contradictorios" con la versión del ministerio público. En el mismo comunicado subrayan que la actuación de ambos en la venta del solar "fue siempre intachable y ajustada no sólo a derecho, sino a las más elementales reglas de la buena fe en su relaciones con todos los accionistas de Urbanor".