El 'caso Torras',pendiente de las comisiones rogatorias

Las consecuencias de la investigación judicial sobre la catástrofe financiera de Torras han desbordado ya el estrecho círculo de los ex gestores del grupo, encabezados por Javier de la Rosa. El pasado día 22, la juez encargada del caso en la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción, impuso al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal una fianza de responsabilidad civil de 2.000 milones de pesetas que debe ser depositada inmediatamente para evitar el embargo de bienes.La fianza fijada es igual a la cantidad de dinero que Prado recibió en una cuenta suya en la banca suiza Sogenal, 20 millones de dólares. Según el auto, está probado que ese dinero era propiedad de Torras y que fue enviado a la cuenta de Prado por orden de De la Rosa. Para la juez, la operación que lisa y llanamente una "sustracción a través de una factura falsa emitida por la sociedad Wardbase".

La operación se inició el 26 de mayo de 1992, el mismo día en que De la Rosa dimitió como vicepresidente ejecutivo de Torras. A pesar de estar organizando su marcha, De la Rosa tuvo tiempo para ordenar a Torras un pago de 2.000 millones de pesetas, a través de Torras Hostench London, a la sociedad Wardbase registrada en Londres. El dinero pasó fugazmente a través de otra sociedad tapadera, Anslow, para finalmente, remansarse en una cuenta en la Societe Generale Alsacienne (Sogenal) de Ginebra controlada por Manuel Prado.

Para cobrar de Torras, Wardbase presentó una factura amparada en un supuesto contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de una fábrica de papel en Bélgica firmado en septiembre de 1989. Esa versión, sin embargo, no se la creyeron ni los propios responsables de la operación. El primero de ellos De la Rosa, quien en su declaración ante la Corte de Londres justificó ese pago y otro anterior de 80 millones de dólares, también a Prado, como pagos políticos relacionados con la guerra de Kuwait. Fiel a sus inveterados hábitos, el financiero ha variado sus versiones sobre estos pagos en varias ocasiones, justificándolos en ocasiones como pagos políticos, en otras como simples compensaciones por servicios a Torras y KIO. En noviembre de 1995, Juan José Folchi, abogado y asesor de Torras, también inculpado en el caso, dio otras explicaciones al fiscal general de Kuwait: primero explicó que De la Rosa le había informado que el dinero tenía por objeto pagar a políticos belgas; después, en un memorándum confidencial, que los políticos eran españoles.

Prado, por su parte, ha declarado en sus comparecencias judiciales y en diversos comunicados públicos que "dichos pagos fueron recibidos como reembolso a mis sociedades, por financiaciones internacionales por ellas facilitadas a De la Rosa". Es decir, según Prado, el dinero cubría deudas de De la Rosa con él y no obedecían a ninguna relación ni con Torras ni con KIO.

¿Pagos políticos? ¿Servicíos de Prado? ¿Deudas de De la Rosa? En su último auto, la juez parece reconocer la dificultad de saber cuál es la respuesta. Para la magistrada, sin embargo, esto no es lo importante, "toda vez que si consta en base a tales diligencias relacionadas que salió de Grupo Torras dicha suma y su receptor fue dicho imputado [Prado], sin constar vinculación alguna entre éste y dicha entidad [Torras]". Palacios considera probado que el dinero se sustrajo "con la finalidad de hacer llegar fondos" a Prado y que éste efectivamente recibió el dinero sin haber "podido acreditar ninguna contraprestación válida".

La juez afirma que la argumentación respecto al pago de los 20 millones de dólares "no supone ningún tipo de conclusión respecto a la otra cifra que Manuel Prado reconoce haber recibido en octubre de 1990 de Javier de la Rosa [80 millones de dólares]". Pero no porque no existen grandes similitudes entre ambos casos, sino por mera prudencia procesal "dado que están señaladas. para los próximos meses sendas comisiones rogatorias a Londres y Bahamas a fin de interrogar a personas de la máxima relevancia en la oficina de inversiones de Kuwait en el año 1990, se considera preferible por el ministerio fiscal esperar al resulta do de dichas comisiones, que sin duda serán esclarecedoras".

Ni la juez ni la fiscalía renuncian a conocer el motivo de esos pagos ni las responsabilidades que se deriven para los inculpados, pero para ello habrá que esperar a que el resto de protagonistas de la historia -el ex presidente de KIO, Fahd Mohamed Al Sabah, o el ex director general, Fouad Jaffar- se expliquen. También a que las autoridades judiciales de Suiza, país al que también se ha despachado otra comisión rogatoria, envíen información sobre el movimiento del botín sustraído de Torras una vez repartido allí.