Incontinencia

UNA COSA es la discusión sobre si la Audiencia Nacional es o no competente para investigar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina, y otra, justificar esas dictaduras con argumentos como los incluidos por el fiscal Fungairiño en su lamentable informe sobre la cuestión. Una cosa es la discusión sobre si ese patinazo del fiscal de la Audiencia y el aval prestado por el fiscal general merecen o no la destitución de ambos y la convocatoria a tal fin de un pleno extraordinario del Congreso, y otra, acusar a quienes lo proponen de connivencia con los GAL o de cosas peores. Al hacer esto último, el diputado del PNV González de Txabarri bordeó ayer la frontera de la decencia política.Fungairiño admitía en su escrito que en Argentina y Chile se produjeron "asesinatos, secuestros y desapariciones masivas de disidentes políticos", ordenados por las respectivas juntas militares; pero justificaba implícitamente los golpes que dieron paso a esos crímenes al considerarlos una mera "sustitución temporal del orden constitucional" destinada a "subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública". Es decir, los mismos argumentos invocados por los ejecutores del golpe del 23-F en España.

La propuesta de convocar un pleno extraordinario fue apoyada por los representantes de los grupos del PSOE, IU y Grupo Mixto, y rechazada por los del PP y sus aliados nacionalistas. Los portavoces de CiU y Coalición Canaria justificaron su voto negativo con argumentos procedimentales: la cosa no es tan urgente comopara convocar un pleno extraordinario durante el periodo de vacaciones parlamentarias; es dudosa la competencia del Congreso para instar la destitución del fiscalgeneral y la remoción de Fungairiño. El representantedel PP, por su parte, añadió algunas consideracionespolíticas colaterales, como la de que los socialistas hanplanteado esta "operación" por su incapacidad para "hacer oposición sobre temas que preocupan a los ciudadanos". Nada inhabitual en el debate parlamentario.

Pero el representante del PNV no se conformó con respaldar la posición de un Gobierno con el, que mantiene un acuerdo estable; se convirtió en portavoz de los sectores más primitivos y sectarios del PP, que habían insinuado que detrás de las críticas a Fungairiño había un intento de apartarle del caso GAL. Txabarri no sólo reiteró esa especie para justificar su oposición a la propuesta que se votaba; aseguró que en Chile y Argentina ".la gente se ríe" de que aquí se pretenda investigar los crímenes de esas dictaduras mientras se intenta tapar el caso GAL, y comparó al ex ministro Barrionuevo con el dictador Pinochet por la pretensión de éste de ser designado senador vitalicio.

Tal vez el diputado peneuvista cuente con fuentes privilegiadas, pero es bastante dudoso que los demócratas latinoamericanos se tomen a broma el intento de investigar aquí lo que no se pudo investigar allí. De momento, consta lo contrario, a juzgar por los pronunciamientos de algunos de los principales partidos de esos países. Resulta absurdo identificar las críticas contra Cardenal y Fungairiño con un intento de tapar el caso GAL: fue el mismo juez Baltasar Garzón, que instruye la- causa contra los crímenes de los golpistas argentinos, quien inició la investigación sobre los GAL. Y es simplemente ridículo considerar cómplices del terrorismo de Estado a los diputados de IU y del Grupo Mixto que ayer votaron en favor de la convocatoria de un pleno para destituir al fiscal que había justificado implícitamente la guerra sucia. Ya se sabe que toda desmesura refleja inseguridad: queriendo argumentar demasiado, Txabarri sólo ha demostrado su incontinencia.