Un jubilado se hizo pasar por funcionario para conseguir los sellos de la estafa tributaria

Cajero jubilado de Banesto, casado y sin antecedentes penales. Así es el hombre que, según fuentes cercanas al caso, consiguió los sellos de la Dirección General de Tributos que han dado origen a una supuesta estafa de 1.000 millones en el pago de impuestos patrimoniales. Para conseguirlo, este jubilado (que hasta la fecha ha sido el único detenido) se hizo pasar ante los suministradores (una papelería y una imprenta) como funcionario autonómico. En la manipulación intervinieron, según dichas fuentes, otros dos especialistas que falsificaron las firmas de los funcionarios.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a la gestoría Grupo Gestión por un presunto delito de estafa evaluado en cerca de 1.000 millones. El presunto fraude consistió en el uso de sellos oficiales obtenidos ilegalmente para certificar el pago de tributos, básicamente por la compra de bienes y los actos jurídicos.La gestoría (que no está inscrita en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid) se quedaba presuntamente con el dinero de los clientes, en vez de ingresarlo en la Consejería de Hacienda, como es preceptivo. El número de afectados por esta estafa alcanza, según Hacienda, a más de medio millar de personas sólo entre 1994 y 1996. La Comunidad de Madrid aún sigue analizando expedientes correspondientes a los cuatro años anteriores. Fuentes cercanas al caso indicaron que por la Brigada de Delitos Económicos de la Unidad Central de la Policía Judicial han pasado ya más de 200 afectados para prestar declaración.

Algunos de estos afectados afirman que el dinero lo entregaron directamente a las notarías que se encargaron de tramitar la compraventa de los bienes, hecho por el cual consideran que estos fedatarios públicos tienen responsabilidad civil subsidiaria. "En el caso de que nos reclamen el dinero desde la Comunidad, exigiremos que sean las notarías las que lo reintegren", coincidieron varios afectados.

La investigación policial, con todo, descarta que estas notarías fuesen conscientes de la presunta falsificación de los documentos cometida en la gestoría. El Colegio de Notarios de Madrid ejerce la acusación particular en la causa.

El caso se destapó en junio pasado, cuando el Servicio de Control de Juegos de Azar, adscrito a la Consejería de Hacienda, descubrió que una papelería había hecho un encargo sospechoso a la imprenta que fabrica los sellos que emplea la Dirección General de Tributos para certificar el pago de impuestos.

Primera investigación

La primera investigación condujo a la detención del hombre que supuestamente efectuó el pedido: un cajero jubilado y sin antecedentes. El siguiente paso lo dio el Grupo de Estafas de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial. Esta unidad consiguió autorización judicial para registrar las dos sedes de la gestoría, donde se requisaron sellos antiguos (con los que se cometieron supuestamente los fraudes) y un centenar de escrituras públicas e impresos de pago. El cotejo de estos documentos permitió descubrir una treintena de falsificaciones. En el registro también se intervinieron los soportes informáticos y la lista de clientes de la sociedad, que contenían unas 10.000 operaciones. Las comprobaciones de estos datos efectuadas por la Hacienda autonómica elevaron la cifra de estafados al medio millar.La policía, según fuentes cercanas al caso, busca ahora el destino de las provisiones de fondos en las cuentas bancarias de la gestoría y de sus responsables. Los primeros indicios apuntan a que el dinero fue blanqueado con la compra de inmuebles mediante sociedades instrumentales. El principal responsable de la gestoría ha rechazado las imputaciones y ha culpado, siempre según las citadas fuentes, al jubilado como autor de la estafa. Este hombre, sin embargo, no figura en la nómina de la empresa.

Los empleados de la gestoría niegan haber participado en el fraude. Por el contrario, sostienen que fue cometido por los denominados mensajeros, es decir, las personas que supuestamente cobraban el dinero de los clientes y lo ingresaban en Hacienda. Según esta versión, dichos mensajeros se quedaban con los fondos y falsificaban la validación bancaria. La policía, que duda de esta versión, ha comprobado que ninguna de las firmas de funcionarios de Hacienda falsificadas corresponde a empleados de la gestoría. Las sospechas apuntan a que la falsificación se realizó en otro local y a manos de dos especialistas aún sin identificar.