Causa penal contra 15 obras de Marbella autorizadas por el Ayuntamiento de Gil

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha abierto un procedimiento penal contra una quincena de obras, autorizadas por el Ayuntamiento, que incluyen zonas verdes o de equipamiento en su construcción, algunas de las cuales ya están acabadas. Entre las actuaciones urbanísticas cuestionadas se encuentran un edificio que construye el periodista de la COPE Antonio Herrero, otro ya terminado del alcalde de Marbella, Jesús Gil, y la discoteca de Olivia Valere, inaugurada el pasado verano. El letrado municipal José Luis Sierra restó ayer importancia a estas diligencias.Con la incoación de estas diligencias se abre otro frente contra los permisos municipales concedidos por el gobierno local de Marbella, presidido por el Grupo Independiente Liberal (GIL), al amparo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra pendiente de su aprobación definitiva por parte de la Junta y cuyo trámite aún no se inició por falta de documentación.

La Administración autonómica ya denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía más de una docena de las 54 denuncias por infracciones urbanísticas que tramita, en tanto que la fiscalía también decidió personarse en otras tantas.

La incoación del procedimiento penal, que puede seguirse a instancias de la fiscalía, afecta al bloque de 10 plantas que levanta la sociedad Incopromar del periodista Herrero, donde el actual Plan de Urbanismo sólo permite cinco alturas, y que incluye una zona verde adquirida al Ayuntamiento; al edificio Gran Marbella del alcalde Jesús Gil por ocupar una zona verde; la discoteca Olivia Valere, levantada también en zona verde; un edificio de .11 1 plantas que construye la empresa Belmonsa, donde sólo se autoriza tres y que ocupa zona verde y vial; una construcción de nueve bloques que se lleva a cabo en una zona de equipamiento deportivo de la playa de Río Real, o el edificio de viviendas que ocupaba el antiguo mercado y una zona verde, entre otros.

La mayoría de estas obras fueron denunciadas por particulares o por la Plataforma Ciudadana para la Revisión del PGOU por vulnerar la legislación urbanística. El consistorio acordó con los promotores Inmobiliarios la cesión de suelo público o la autorización de exceso de edificabilidad a cambio de recibir inmuebles o dinero. En el plan aprobado de forma provisional por el gobierno de Jesús Gil se incluyen más de 300 convenios urbanísticos: recalificaciones de suelo.