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Editorial:

Niebla en Chiapas

NO RESULTA fácil separar el grano de la paja entre las confusas noticias que llegan de Chiapas cuatro años después del levantamiento zapatista en ese Estado, el más pobre de México. Entre la niebla, dos cosas son seguras: la matanza de cerca de medio centenar de campesinos en la aldea de Acteal, y el cese del secretario de Gobernación -equivalente al ministro del Interior- sin siquiera esperar los resultados de la investigación ordenada por el presidente Zedillo sobre los asesinatos. El resto es impreciso, incluida la posible ocupación militar de la población La Realidad, el cuartel general zapatista, en busca del subcomandante Marcos, líder de los rebeldes.Lo que puede darse por establecido es que, cualquiera que sea su alcance, esas operaciones del Ejército tras un año de parálisis de las conversaciones de paz entre el Gobierno y los zapatistas no son ajenas a las repercusiones políticas de la matanza de Acteal. Diríase que se pretende tapar la una con la otra: la eventual implicación de caciques priístas en la masacre con la captura del subcomandante Marcos, o al menos con oportunos descubrimientos de "arsenales" rebeldes que dejen claro que todas las partes son responsables de la violencia.

En la situación actual de Chiapas, a punto de quebrarse el fino hilo que separa la paz del conflicto abierto, tal confusión resulta demasiado peligrosa. Por una parte, Zedillo parece desear un diálogo renovado con los zapatistas. Así cabe entender la destitución de Emilio Chuayffet, responsable último de que las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hayan permanecido estancadas durante más de un año con toda clase de triquiñuelas. La ruptura del diálogo ha envalentonado a los caciques de Chiapas (y en general a todos los que tienen algo que perder si se alcanza un amplio y generoso acuerdo de paz), ha azuzado la violencia y ha culminado en los horribles asesinatos del 22 de diciembre.

La caída de Chuayffet y el encargo a su sucesor de una "nueva estrategia" constituyen una oferta de paz, aunque sea inconcreta. Pero mientras el presidente la planteaba desde la capital, el Ejército hacía subir la tensión sobre el terreno, en Chiapas, con su expedición hacia el cuartel general de Marcos. ¿A quién deben creer los dirigentes del movimiento zapatista? ¿Al presidente, que ofrece diálogo y paz, o al Ejército, que realiza operaciones militares contradictorias con el acuerdo tácito de no agresión mientras duran las negociaciones? Que los zapatistas no sepan a qué atenerse parece comprensible. Pero lo más peligroso es que el control del polvorín chiapaneco pueda escapar de las manos del presidente.

Desde su toma de posesión en diciembre de 1994, Zedillo ha confiado en el resto de instituciones del Estado y les ha concedido un amplio margen de actuación. Especialmente a su primer fiscal general (destituido luego en medio de un rocambolesco escándalo) y a Chuayffet mismo, que ha man9jado a su gusto la política chiapaneca desde junio de 1995, con los aterradores resultados que hoy llora todo el país. Sólo faltaría ahora que el Ejército, que México ha sabido siempre mantener bajo un firme control civil, comenzase a actuar con autonomía en el avispero de Chiapas.

La sociedad mexicana exige una solución rápida. Para conseguirla, Zedillo debe tomar las riendas y asegurar la credibilidad de sus ofertas de paz: en la capital federal y en Chiapas. Francico Labastida Ochoa, el nuevo secretario de Gobernación, tiene fama de hombre de diálogo: su tarea consiste en lograr un acuerdo de paz definitivo con los zapatistas en el plazo más breve posible. Porque los retrasos y las equivocaciones se contabilizan en muertos, como ha demostrado tristemente la matanza de Acteal. México no merece tanta desgracia, y está desmostrando también que no está dispuesto a esperar eternamente una paz tan necesaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de enero de 1998