Qué historia común

Lo que empezó como justa reclamación del catedrático Rodríguez Adrados sobre la enseñanza de las humanidades fue convertido por la ministra Esperanza Aguirre en un decreto sobre lo que hay que creer como común en la historia de España. Su intención, y la de los ''expertos e intelectuales de prestigio'' que la inspiran, no es muy distinta de la que guiaba a la generación del 98, y, concretamente, a Menéndez Pidal cuando en 1947 escribía Los españoles en la historia para definir los ''caracteres hipanos'' permanentes, identificados por él con un destino unitario basado en el pueblo godo y protagonizado por Castilla - la nueva fuerza de España (''robur Hispaniae'')-, que culminaría Isabel la Católica poniendo a cada uno en su sitio: ''Los hombres de armas en campaña, los obispos en pontifical, los ladrones en la horca'', en una acción providencial proseguida por el emperador Carlos en al edad ''más feliz que vivió la nación''. Como ahora para la generación del 98 esta visión, además de un sentido cultural, tuvo un objetivo político manifiesto, contrario a las aspiraciones de los pueblos peninsulares que reclamaban otra historia y el autogobierno.Frente a lo pretendido por el proyecto de decreto, los Estados constituidos no están ya en situación de monopolizar el pensamiento político y la interpretación histórica, no aconsejando las específicas circunstancias del Estado español, por otra parte, la aplicación unilateral de medidas legales que afecten a la diversidad cultural y política de las nacionalidades. En todo caso, y de esto en concreto queremos tratar aquí, la historia que explique lo que hoy somos puede estar en lo definido oficialmente como periférico o ajeno, suceder en ámbitos supraestatales o poner en cuestión la forma de Estado.

Tomando a Galicia como paradigma. Si en la historiografía oficial el fundamento de España se atribuye al reino godo, el de Galicia se sitúa en el reino suevo, en una tradición que comparte Portugal. José Antonio Maravall hace notar que Gallaecia era reconocida como un país distinto aun después de la dominación del reino suevo visigodo: ''Totius Hispaniae, Gallie et Gallecie'', se decía de la procedencia de los obispos asistentes a un concilio de Toledo. Esta tradición diferenciada continúa en la Alta Edad Media con el reino de Gallaecia, estructurado en un amplio territorio nunca ocupado por los musulmanes, que ya en el siglo VIII se aproximaba a Lisboa, como muestran la Crónicas Carolíngias. Gallaecia fue durante siglos la principal entidad política constituida ante Al-Andalus o Spania, que se extendía por el sur de las Coordillera Central y el este peninsular hasta la proximidad de los Pirineos. Maravall confiesa que en la Alta Edad Media se daba ''el nombre Galicia a la mitad noroeste de la Península, pareciéndose reservar la denominación de España para la mitad oriental''. Alfonso III es llamado por el Papa ''Regi gallaeciarum'' , según reconoce el propio arzobispo de Toledo Jiménez de Roda, creador medieval de la ideología castellanista. Menéndez Pidal señala que Sancho III de Navarra reconocía al rey Vermudo III como ''Imperator commus in Gallaecia''. Desmintiendo a la fantasiosa Crónica de Castilla o de los Reyes de Castilla -escrita en el siglo XVI y aún hoy sustrato de la historiografía oficial-, las fuentes documentales evidencian que fue un monarca galaico, Alfonso VII, proclamado rey en Compostela y consagrado emperador en León, quién le dio naturaleza política permanente a Castilla, cuando con este nombre dejó por herencia una parte de sus territorios a su hijo Sancho en 1157, más de cuatro siglos después de la existencia del reino medieval de Gallaecia.

La realidad histórica de Galicia pone en cuestión la idea de un Estado español predestinado en la forma terrritorial actual. Bastaría con recordar e origen de Portugal y decir que en la decisiva jurisdiccional eclesiástica la separación galaico-portuguesa no se produjo hasta el Cisma de Occidente (1378-1417), cuando las diócesis se vieron obligadas a adaptarse a las jurisdicciones políticas, por apoyar una corona al Papa de Avignon, con Francia, y la otra al de Roma, con Inglaterra. Hasta ese momento, Lisboa, Évora y Guarda dependían de Compostela como metrópolis, y las otras diócesis gallegas formaban parte de la de Braga. La misma dimensión y el carácter del Estado de los Reyes Católicos fueron el resultado de circunstancias contingentes, inclinandose hacia el Mediterráneo por la acción de los Trastamara herederos del rey de Aragón Fernando de Antequera -después de batallas que duraron todo el siglo XV contra sus primos Juan II y Enri que IV -frente al otro proyecto estatal, de tendencia atlántica y de raíz galaico-portuguesa, que representó la legítima reina Juana, la Excelente Senhora, quien, sin renunciar a sus derechos a la corona, vivió en Portugal hasta 1530.

El centro de la história común posterior no corresponde a la estructuración del Estado español. Carlos V quiso realizar la unidad de la Cristiandad medieval cuando se afirmaban los Estados soberanos modernos. Educado en la corte de Borgoña emparentada con los Habsburgo, Carlos, de habla francesa, consiguió entidades políticas y territorios inmensos, pero no formó un Estado. Perdido el Imperio, y tras las derrotas de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y de la guerra de Sucesión en el inicio del siglo XVIII, la corona se vio privada de todo el patrimonio exterior europeo, mientras que Francia y Gran Bretaña ya estaban consolidadas como Estados.

En esas centurias, Galicia conservó una personalidad derivada de su pasado como reino independiente; su lengua continuó siendo hablada por toda su población a pesar de estar absolutamente negada en las castellanizadas Administración e Iglesia; mantuvo su singularidad económica y social, sin disponer de derechos políticos específicos a pesar de conservar la Junta del Reino de Galicia. Mientras tanto, no existió la acción posible de un Estado moderno, en infraestructuras de comunicación, urbanismo, edu cación o el fomento de las actividades económicas.

Caído el absolutismo e independizados los países americanos, en la formación tardía de un Estado moderno y como manifestaciones de la soberanía popular, aparecieron dos expresiones contradictorias de la batalla por la democracia y la modernización. Heredando el poder de la monarquía absoluta, una tendencia dominante se basó en la centralización política y administrativa y en la uniformización territorial y cultural. Otra se manifestó en la voluntad política de autogobierno de las nacionalidades. Ambas expresiones contrapuestas forman parte de la historia peninsular . En la década de 1840, asumiendo reivindicaciones políticas y sociales hijas de la Revolución Francesa, Antolín Faraldo ya fundamentaba sus posiciones autonomistas en el pasado de Galicia, ''un pasado de cultura y de nacionalidad en el que las grandes palabras de patria e independencia se asociaban al nombre gallego".

Los estatutos de las autonomías aprobados en la Segunda República constituyeron un primer reconocimiento de la diversidad nacional integrada en el Estado. Los regulados por la Constitución de 1978 confirmaron la voluntad de autogobierno de las nacionalidades, al tiempo que descentralizaron positivamente las instituciones estatales. Aun así, no recogen la aspiración al autogobierno de las naciones internas, que se inscribe en el propio proceso político histórico de formación y cambio de los Estados Modernos, y que tendría una expresión adecuada en un Estado plurinacional.

Justamente, la perspectiva que el decreto niega.