Yeltsin acerca su posición a la de los comunistas y acepta limitaciones en la reforma agraria

Un Borís Yeltsin sin rastro de su reciente enfermedad -oficialmente una aguda infección viral de las vías respiratorias por la que tuvo que ser hospitalizado durante dos semanas- presidió ayer una reunión en la que Gobierno, oposición y sindicatos discutieron la posibilidad de llegar a un compromiso en la reforma agraria. Horas antes, Yeltsin había consagrado su tradicional mensaje radiofónico de los viernes a hacer un balance del año en el que reconoció que los éxitos han sido escasos y en el que insinuó que pronto podría haber nuevos cambios en el Gabinete.

El mayor logro del año ha sido, según Yeltsin, el haber logrado que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo fuera sustituida por el diálogo. Una de las pruebas de este cambio es precisamente la primera reunión de la mesa redonda celebrada ayer en el Kremlin, en la que participaron, además de ministros y representantes de la Administración presidencial, los jefes de los principales partidos.El debate -que después de una introducción de Yeltsin transcurrió a puerta cerrada- se centró en el Código de la Tierra, vetado por el presidente pero aprobado después con los dos tercios de los votos de la Duma Estatal, dominada por la oposición de izquierda. Yeltsin se había negado a firmar el texto ya que, aunque se reconoce formalmente la propiedad privada sobre la tierra, sus dueños no pueden venderla ni donarla.

El líder ruso fue ayer conciliatorio: aunque abogó por permitir a los propietarios vender sus tierras, dijo que esto debía realizarse bajo un severo control del Estado y con una serie de limitaciones. Se trata ante todo de la prohibición de vender las tierras en los primeros años o de cambiar su uso. Yeltsin también coincidió con los comunistas en que no se debía vender tierras a los extranjeros.

La mesa redonda decidió en cargar a una comisión integrada por miembros del Gobierno y del Parlamento un texto de compromiso, que será firmado por el presidente dentro de tres meses.La comisión no tendrá grandes dificultades, ya que las posiciones del Ejecutivo y de la oposición son muy próximas, según Yegor Stróyev, el presidente del Consejo de la Federación, la Cámara alta del Parlamento ruso. "Todos coincidimos en que se necesita un rígido control del Estado [a la hora de vender tierras] para impedir el surgimiento de latifundios, para no volver a la situación imperante en el siglo XVIII", declaró Stróyev.

Los inspiradores del Código de la Tierra rechazado por Yeltsin -el partido Comunista y el Agrario- se mostraron muy satisfechos de la reunión celebrada ayer en el Kremlin.

En cuanto a la posibilidad, ya esbozada en recientes ocasiones, de que haya cambios en el Gabinete, Yeltsin señaló en tono amenazador: "Corregiremos con decisión los errores y sacaremos las conclusiones necesarias", dijo el presidente ruso, para asegurar después que los lemas de la época comunista han sido "simplemente sustituidos por consignas macroeconómicas". Al principio, señaló, "decretábamos una privatización a cualquier precio" y más tarde la consigna fue poner fin a la devaluación del rublo. Mientras tanto, se descuidaban los problemas sociales de la población, añadió.

Estas palabras fueron interpretadas de inmediato por algunos comentaristas como una nueva advertencia a Anatoli Chubáis, el primer vicejefe de Gobierno responsable de las reformas económicas y padre del primer programa de privatización de Rusia. Estos análisis consideran incluso que el último mensaje radiofónico del año hecho por el presidente es una clara señal de que este economista ultraliberal será reemplazado próximamente por un reformista menos radical.

La armonía entre Ejecutivo y Legislativo no duró todo el día. Los diputados pidieron el cese de Borís Nemtsov, el otro primer vicejefe del Gobierno ruso. El motivo es que, en una reciente visita a Suecia, Nemtsov hizo unas declaraciones que fueron interpretadas como un llamamiento a los extranjeros a no hacer inversiones en el cinturón rojo de Rusia, es decir, en las provincias dirigidas por la izquierda. El documento contra el viceprimer ministro fue aprobado a pesar de que éste había enviado una carta a ambas cámaras del Parlamento en la que desmentía haber hecho tales declaraciones.