Jueces y fiscales dudan de que una reforma legal ataje los maltratos a mujeres

Las declaraciones gubernamentales en favor de una reforma legal que castigue con más rigor la violencia contra las mujeres continuaron ayer. Tanto el ministro de Trabajo, Javier Arenas, como la de Justicia, Margarita Mariscal, abogaron por la revisión del Código Penal e insistieron en la necesidad de que las víctimas lo denuncien. Sin embargo, colectivos de jueces y fiscales coincidieron en señalar que la violencia doméstica es un problema social que no se solucionará si no se atajan las causas que lo originan.

El asesinato en Granada de una mujer que fue quemada viva por su ex esposo, con quien debía compartir techo por orden de la sentencia de separación, ha disparado las alarmas sobre los malos tratos a mujeres, que se han cobrado ya 60 víctimas en 1997. Ayer hubo más declaraciones gubernamentales en favor de una reforma del Código Penal.Así, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, señaló en Ceuta que la comisión interministerial trabaja en este sentido y, en concreto, tachó de "poco adecuado" considerar meras faltas, las lesiones leves. Asimismo, destacó que se estudia establecer penas que impidan al agresor acercarse al lugar de residencia de su víctima. La ministra aprovechó también para defender al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, fuertemente criticado por decir que el asesinato de Granada era un hecho aislado obra de "un excéntrico". Según Mariscal, Cascos "no es un machista" y "no hay nada más alejado de su persona que este concepto".

Por su parte, el ministro de Trabajo, Javier Arenas, confirmó ayer en Sevilla la voluntad del Gobierno de emprender reformas legales contra este "gravísimo" problema y pidió a jueces y fiscales que actúen con 14 prontitud y diligencia" en los casos de malos tratos, a la vez que instó a las víctimas a denunciarlo "cuanto antes".

Es en este punto donde hay unanimidad de criterios. Sin embargo, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Carlos Castresana, señaló ayer a Servimedia que el problema no se arreglará "prometiendo nuevas leyes cada vez que hay un asesinato, sino "aplicando con todas sus consecuencias las que hay", y abogó por que "el Gobierno pida a la Fiscalía del Estado que adopte medidas para dar instrucción a todos los fiscales de España" para que tomen conciencia del problema.

En igual sentido se pronunció Jueces para la Democracia, que achacó el aumento de casos de maltrato a que la igualdad jurídica entre ambos sexos "no ha sido culturalmente asumida en amplios sectores de la sociedad". La nota añade que no habrá solución definitiva, ni jurídica ni policial, a la violencia doméstica si no se atajan antes sus causas.

Más matizada es la postura de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, cuya portavoz, María Tardón, si bien señaló que la prevención de determinadas conductas violentas "no la puede hacer el derecho penal", sí denunció lagunas legales que limitan la actuación del fiscal en casos de malos tratos. En este sentido, sí abogó por una reforma del Código Penal que permita adoptar medidas cautelares.

Y mientras ayer se celebraban nuevos actos contra la violencia en Pamplona y Madrid, los casos de malos tratos siguen produciéndose. En Madrid, un conductor de ambulancia fue detenido tras intentar atropellar a su mujer cuando ésta llevaba a su hija a la guardería. En Linares (Jaén) un hombre fue apresado tras acuchillar a su ex novia.

Por otro lado, el presidente de la asociación Unión de Separados, Ramón Pastor, declaró ayer que su grupo "en ningún caso ha querido justificar ni exculpar a los responsables de malos tratos". Pastor explicó que en el comunicado en el que su asociación afirmaba que cualquier persona puede estallar en un momento dado y cometer la barbaridad reprobable de los malos tratos, querían decir que "el culpable no sólo será él", sino también los jueces, abogados, fiscales, políticos y otros quienes inducen a cometer tales actos, que, precisan, "en ningún caso son justificables".

Precisamente ayer se conoció la petición de pena que reclama un fiscal de Barcelona para un caso similar al de Granada. Reclama 34 años de prisión para Isidre C.V., de 48 años, que quemó viva a su compañera sentimental, 15 años mayor, en su casa de Terrassa el pasado febrero e intentó encubrir su acción prendiendo fuego a su casa. El fiscal le imputa un delito de incendio y otro de asesinato.

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