Condenada una empleada de Hacienda que se quedó con dinero de inmigrantes

La Audiencia de Madrid ha condenado a cuatro años de cárcel por estafa y falsedad a una funcionaria del Ministerio de Hacienda que se quedó, con más de seis millones de pesetas procedentes de las tasas que pagan los inmigrantes para poder obtener el permiso de trabajo. La condenada, Manuela C. S., trabajaba como auxiliar en la delegación de Hacienda de la calle de Guzmán el Bueno.La misión de la funcionaria era cumplimentar los impresos de las cartas de pago que los inmigrantes debían presentar en la Dirección Provincial de Trabajo con el fin de conseguir la tarjeta de identidad profesional; es decir, el permiso de trabajo. La encausada, según la sentencia, debía rellenar en el ordenador el nombre del solicitante y entregarle una carta de pago para que abonase su importe en una ventanilla de Caja Postal situada en la primera planta de la delegación. Una vez satisfecha esa cantidad, el inmigrante debía acudir a Trabajo, entregar el justificante de pago y esperar que le tramitaran su permiso.

Su conducta delictiva fue descubierta el 28 de noviembre de 1994. Aquel día acudió a las 9.05 al mostrador de la funcionaria condenada una inmigrante de nacionalidad peruana. Tras facilitarle ésta sus datos personales, la encausada le pidió las 40.000 pesetas de la tasa. Lo cogió y guardó el dinero en su bolso. La usuaria se mostró extrañada, pues antes había estado en la Caja Postal y le habían dicho que se pasara primero por el mostrador donde trabajaba Manuela C. M., y que luego acudiera a depositar el dinero.

Sin embargo, la chica entregó el dinero a la funcionaria, pero acudió a continuación a la oficina de la Caja Postal a preguntar si debían ponerle allí algún tipo de sello. El empleado de la entidad observó la carta de pago y, al pie, un falso sello de la oficina bancaria validando el abono del dinero. El empleado informó a la directora de la oficina de la anormalidad. La directora acudió a pedir una explicación a la funcionaria inculpada, que no dio ninguna respuesta y siguió escribiendo en su ordenador. De pronto, se levantó, abrió el bolso y entregó las 40.000 pesetas a la directora. Comentó que tenía previsto subirlas a la caja a última hora de la mañana. No explicó, sin embargo, cómo y por qué había validado la carta con un sello falso. La acusada cogió entonces ese documento y lo rompió. Seguidamente, la ahora condenada confeccionó otra carta con los datos de la inmigrante, esta vez sin sello.

La directora de la sucursal bancaria relató lo ocurrido a la interventora regional, que se dirigió de inmediato al mostrador de la inculpada. Le pidió la carta manipulada, rebuscó en la papelera de la mesa pero ya no pudo encontrarla.

Hacienda abrió una investigación y comprobó que entre el 29 de diciembre de 1993 hasta el 28 de noviembre de 1994, la acusada había confeccionado, con ese mismo procedimiento, 163 cartas de pago por un importe de 6.400.000 pesetas.

Los inmigrantes, según el tribunal, no tuvieron problemas al entregar las cartas de pago falsas en la Dirección Provincial de Trabajo.