Un desplante más

EL MINISTERIO de Justicia ha añadido un desaire más a la larga lista de agravios ya acumulada contra la carrera fiscal. Margarita Mariscal de Gante ha rechazado el nombramiento de Javier Moscoso como fiscal del Tribunal Supremo que había propuesto el Consejo Fiscal siguiendo los trámites establecidos para la ocupación de la plaza. El Consejo ha tenido que recurrir de nuevo a la protesta oficial por el singular comportamiento del Gobierno, que no ha tenido a bien razonar su negativa. La explicación posterior ofrecida por Justicia, según la cual los vocales del Consejo del Poder Judicial no pueden ser promovidos a magistrados del Supremo ni nombrados para cualquier cargo judicial de libre designación, no sólo no ha calmado los ánimos de los fiscales, sino que ha alimentado nuevas críticas, porque Moscoso no opta a ningún cargo de magistrado, sino al de fiscal, y tal designación no implica ascenso en la carrera.Este Gobierno ha mostrado una considerable falta de tacto en sus relaciones con la carrera fiscal y sobre todo una incapacidad manifiesta para hacer creíbles con los hechos las reiteradas promesas de garantizar su autonomía. La Audiencia Nacional ha sido el escenario más visible de una crisis mucho más amplia. Cabe recordar que el enfrentamiento de cinco fiscales de ese organismo jurisdiccional con su jefe, José Aranda, se saldó con el cese de éste por falta de autoridad y su sustitución por el líder de los amotinados, Eduardo Fungairiño, en contra del sentir unánime del Consejo Fiscal -que se pronunció en contra por tres veces- y mediante una decisión que está recurrida ante los tribunales.

Los desplantes hacia el Consejo Fiscal forman parte sin duda de la concepción autoritaria que tiene el Gobierno de la justicia en general y de la fiscalía en particular. Este Gobierno tiene una acusada tendencia a defenderse de las críticas apelando a los errores del pasado, pero es hora ya de que afronte sus propias responsabilidades. Los electores le dieron la mayoría precisamente para que no hiciera lo mismo. El nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general, en una decisión que terminó siendo deslegitimada por el Supremo, no es precisamente el espejo de referencia. El nombramiento de Fungairiño y el rechazo de Moscoso -en ambos casos en abierto enfrentamiento con el Consejo Fiscal- son dos decisiones que apestan a sectarismo. Y ese hedor no desaparece por mucho que se apele al pasado.