Trampa mortal a Julián Grimau

20 de abril de 1963. El capitán general de Madrid monta en cólera porque la Guardia Civil se escuda en su reglamento para negarse a participar en el fusilamiento de Julián Grimau, miembro del comité central del Partido Comunista de España condenado a muerte en un consejo de guerra que había presidido el coronel del Ejército. Enrique Eymar Fernández, juez militar al frente de la Jurisdicción Especial de Actividades Extremistas. Los miembros de la Benemérita son sustituidos por soldados de reemplazo que hacen el servicio militar y son trasladados a un campo de tiro situado en las cercanías de la prisión de Carabanchel (Madrid). Casi todos yerran en los disparos y Grimau es rematado con dos tiros de gracia propinados por el oficial de guardia. Ésta es la crónica de una muerte que no estaba anunciada. A esta puerta del horror llegó de la manera más insospechada Juan José del Águila Torres (Torremolinos, 53 años), que se afilió al PCE como respuesta personal e ideológica a la muerte de Grimau y que fue militante comunista hasta 1985. Este jurista, magistrado de la Sala Segunda de la Audiencia de Sevilla, decidió dedicarle la tesis doctoral a los 14 años que estuvo vigente el Tribunal de Orden Público. En su prolija investigación llegó a la conclusión de que el régimen franquista decidió la muerte de Grimau vulnerando su propia legalidad, incurriendo en flagrantes delitos de falsificación de documentos y prevaricación.Grimau había sido detenido en noviembre de 1962 en una purga masiva de comunistas. En su libro biográfico sobre Santiago Carrillo, el ex dirigente comunista Fernando Claudín, ya fallecido, admite que "el retraso en sacarlo (a Grimau) de Madrid fue fatal". La cúpula del PCE ya había dado por concluido el trabajo de Grimau en el interior, pero esa negligencia de sus correligionarios iba a tener trágicas consecuencias.

El franquismo necesitaba lavar la imagen del régimen porque no era de recibo mantener consejos de guerra en los que dictaban sentencias militares con sable", dice Del Águila. Los hechos se producen "en uno de esos períodos en los que se acelera la historia". Huelgas mineras en Asturias, las primeras desde los tiempos de la República; "contubernio de Munich", y un contexto internacional que con la crisis de los misiles y el clima de guerra fría sienta las bases de un anticomunismo que influirá en la renegociación del Tratado firmado en 1953 con Estados Unidos sobre el uso de bases militares americanas en suelo español. "Y nada mejor para una negociación fuerte que cargarse a un comunista".

El autor de la tesis doctoral, que fue víctima del propio tribunal que investiga, asegura que Carrero Blanco "fue el verdadero muñidor de esta historia". Él se encargó de falsificar el acta del Consejo de Ministros para que no hubiera constancia oficial de que el proyecto de creación de un Juzgado y un Tribunal de Orden Público había sido aprobado a primeros de abril -lo cual habría supuesto la inmediata paralización del consejo de guerra contra Grimau, celebrado el 19 de dicho mes- y ofreciera la versión de que dichos órganos, que mandaban a mejor vida la jurisdicción militar, fueron aprobados en mayo.

La clave de la trampa la encontró este magistrado en una fuente insospechada. "Empecé a desarrollar el ovillo en las memorias de Fraga Iribarne". Un libro titulado Memoria breve de una vida pública, que el presidente de la Xunta e Galicia escribió con la técnica del diario. Cuenta Fraga que el 3 de abril de 1963 cenó con Mel Ferrer y Audrey Hepburn. Dos días después se aprobaba "al fin, el Decreto-Ley creando el Tribunal de Orden Público, que descargó de la mayoría de los asuntos a la jurisdicción militar". El investigador escribió a mano en esa página del libro: "No fue en abril, sino en mayo". La fecha de Fraga no coincidía con la defendida por la documentación oficial, pero el ex ministro de Información y Turismo estaba en lo cierto: no fue en mayo, sino en abril.

Abril y no mayo. Testimonio corroborado en otro libro de memorias por Laureano López-Rodó, uno de los 36 procuradores designados por Franco para la discusión del anteproyecto de creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público.

Con la complicidad de todo el Consejo de Ministros, Franco decidió congelar la tramitación de un proyecto de ley para cargarse a un tío", afirma Juan José del Águila. El autor de la tesis doctoral lamenta que fracasaran los tres intentos por revisar el caso del dirigente comunista, los dos primeros emprendidos en pleno franquismo por su abogado y por su viuda; el más reciente, saldado en plena democracia en la Sala Quinta del Tribunal Supremo con el rotundo fracaso de un solitario voto a favor de revisar el caso, el del fiscal José Jiménez Villarejo, y la oposición del resto de tribunos. La Sala indicó que el recurso extraordinario de revisión sólo es posible para supuestos en los que se aporten "nuevos hechos o nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado", lo que, según la Sala, no sucede.El magistrado malagueño discrepa de los amigos que le dicen que Grimau "tenía los días contados". "Puede ser", replica, "pero tenían que haberse inventado otra fórmula, como cuando dijeron que se había tirado por una ventana sin tocar los cristales".