Garzón cita como imputados por malversación y falsedad a los máximos gestores de Expo 92

El juez Baltasar Garzón decidió ayer, a petición del fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, citar en calidad de imputados a los máximos responsables de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y de la sociedad creada para organizar los actos del V Centenario del Descubrimiento de América por su posible implicación en delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental. Entre los primeros imputados figuran Manuel Olivencia, que fue comisario general de la Expo desde 1984 hasta julio de 1991; Emilio Cassinello, presidente de la sociedad hasta 1991 y comisario general desde esa fecha, y Jacinto Pellón, presidente de la sociedad estatal Expo 92.

También han sido convocados como imputados Javier Baviano, que fue director general de gestión de Expo 92 entre marzo de 1991 y octubre de 1992 y consejero delegado entre noviembre de 1992 y marzo de 1993 y finalmente asumió la vicepresidencia; Ángel Luis Gonzalo, presidente de la sociedad Pabellón de España SA; Alfonso Cortés-Cabanillas y Fernando G. Delgado, administradores de Tele Expo SA, y Ángel Serrano, consejero delegado de la sociedad V Centenario entre 1988 y 1992.Olivencia ha sido citado a declarar el próximo 7 de enero; Cassinello y Baviano, el día 8; Pellón, el 9; Gorizálo y Cortés-Cabanillas, el 13, y Fernando G. Delgado y Serrano, el 14 de enero.

Sin embargo, no son éstos los únicos imputados que declararán en el proceso que se abrió hace más de un año como consecuencia de una querella del empresario José María Ruiz-Mateos. Uno de los autos de Garzón anticipa que también llamará a declarar como imputados al representante en España a efectos fiscales de la sociedad Telemundi AG, con sede en Suiza; al secretario general del comisario general de la Expo; al presidente de la Comisión Nacional constituida por decreto de 10 de abril de 1985; al director o directores del departamento de gestión de la sociedad Expo 92 y el consejero de Telemundi España SA, nombrado a propuesta de la Expo.

Las resoluciones de Garzón explican que a la vista del informe del Tribunal de Cuentas sobre las pérdidas habidas como consecuencia de la Expo y a la del dictamen del fiscal en el que se esboza la posible comisión de delitos de apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos, cita a declarar a los imputados para "no dilatar indefinidamente la posibilidad de que se hallen presentes en un procedimiento" que les afecta.

El magistrado señala que las citaciones deben ser en calidad de imputados, "sin que ello suponga acusación formal de participación en una figura penal determinada", pero también para prevenirles de sus derechos y mantener la legalidad del procedimiento a la vista de los hechos y extremos sobre los que se les va a preguntar y las responsabilidades directivas que cada uno de ellos ocuparon en las sociedades investigadas.

Tres interventores

El juez ha requerido el nombramiento de tres funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado como peritos judiciales para que estudien los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las sociedades relacionadas con Expo 92 y toda la documentación solicitada por Garzón.El informe pericial solicitado por el juez debe tratar sobre las causas que han originado las importantes pérdidas en que han incurrido las sociedades que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas; la estimación total de las pérdidas que se hubieran producido en caso de haber liquidado la sociedad Expo 92 el 30 de diciembre de 1992 como estaba previsto; el análisis de los gastos de la citada sociedad y la naturaleza de los mismos, en especial los de explotación; si es razonable la creación de empresas participadas por Expo 92 y si a través de estas empresas se pudieron haber perseguido objetivos ajenos a la finalidad de la sociedad estatal; si es justificable el desmesurado déficit de actuaciones escénicas en las que no se cubrió ni el 10 % del gasto o si, por el contrario, hay indicios de enriquecimiento particular de personas determinadas; si están justificadas las comisiones cobradas por la empresa Telemundi por importe de 6.500 millones; si las indemnizaciones al personal están justificadas; si del contrato efectuado por V Centenario ha habido enriquecimiento de alguna persona con perjuicio para la sociedad; si los empleados de TeleExpo se han podido enriquecer aplicando fondos de la sociedad a sus viajes particulares; así como otras irregularidades que supongan alteraciones contables mendaces o que puedan revestir trascendencia penal.

Entre la documentación solicitada por Garzón figuran los contratos, programas de actuación y financiación, acuerdos, informes, auditorías y transacciones de diversas sociedades, entre las que figuran la Sociedad Estatal del V Centenario del Descubrimiento de América, Pabellón de España SA, Tele Expo SA y Sociedad Estatal Expo 92.

El juez ha pedido asimismo información a la Agencia Tributaria y ha remitido dos comisiones rogatorias a Suiza y Holanda para que informen sobre cuentas, depósitos, cajas de seguridad y sus titulares o personas autorizadas para el manejo de los fondos de Telemundi AG, de Lucerna (Suiza) y Telemundi Europe BV.