PNV cree que la sentencia contra HB es fruto de la "descomposición" que sufre el poder judicial

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, leyó ayer en la sede de su partido en Bilbao un preciso y duro comunicado del EBB (Euskadi Buru Batzar) en el que se critica con vehemencia la sentencia del Tribunal Supremo, que envía a prisión a la cúpula de HB por prestar su espacio electoral en televisión a ETA. Arzalluz descalificó los argumentos jurídicos de la sentencia -a la que el PNV "no se adhiere", aunque acata- y cuestionó la independencia del poder judicial en un sistema democrático que tachó de "inmaduro" y en el que, añadió, el "poder ejecutivo ha lesionado deliberadamente en repetidas ocasiones el Estado de derecho". "Que el poder judicial presente síntomas de descomposición y se vea zarandeado por presiones políticas o de grupos de intereses o ambientales es un fenómeno mucho más grave para lademocracia", apostilló.

Flanqueado solemnemente por otros cuatro dirigentes del PNY, Xabier Arzalluz rechazó ayer expresamente cualquier apoyo a los 23 condenados de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Pero a partir de ahí criticó con vehemencia la sentencia del Tribunal Supremo. Los peneuvistas, se justificó, han permanecido en silencio hasta ahora -su declaración llega 48 horas después de emitida la sentencia- para no interferir, al contrario de lo que en su opinión han hecho otros, en la decisión del tribunal. Y puso como ejemplo declaraciones, habladas y escritas, que denunciaron "presiones del Ministerio del Interior y de grupos de opinión sobre los magistrados" de la Sala Segunda. Con tono tajante, el líder peneuvista razonó su temor a que "la combinación de presiones políticas, un clima social preparado y disposiciones penales cuidadosamente afiladas puedan constituir en el futuro marcos de condena para otros comportamientos políticos no aceptados por el poder". Por ello, proclamó: "No podemos adherimos a la sentencia".Acompañado por los presidentes del PNV en Vizcaya, Navarra y Álava y por el secretario general de la ejecutiva vasca, Ricardo Ansotegi, el máximo dirigente del PNV destacó que, por primera vez, los abogados de los 23 condenados emplearon argumentos legales, "Código [Penal] en mano", frente a su habitual recurso a esgrimir motivos políticos para no someterse a la justicia española. Y, por contra, se declaró sorprendido por el hecho de que sólo se rebajara en un año la petición del fiscal, que solicitaba ocho años para los imputados. Después, desgranó los argumentos jurídicos que han conducido a este partido a descalificar el fallo.

A su juicio, la sentencia criminaliza cualquier actividad de proposición o apología de conceptos políticos como la autodeterminación y la independencia, y admite la posibilidad de cometer un delito sin realizar una acción u omisión punible. El PNV -que ha remitido por correo su opinión sobre la sentencia al presidente del Gobierno, José María Aznar, a los principales miembros de la judicatura y a las embajadas, según Europa Press, atribuye al fallo profundas quiebras jurídicas. Arzalluz señaló que no se ha probado el vínculo de cada condenado con la decisión de emitir el vídeo electoral en el que se plantea la denominada Alternativa Democrática de ETA y, por tanto, se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. Además, estima erróneo que el fallo considere el delito consumado, y no en grado de tentativa, ya que el vídeo, no se llegó a emitir.

Desmenuzados los argumentos jurídicos, el líder del Partido Nacionalista Vasco hizo, sin aspavientos, su más duro ataque contra el poder judicial y el sistema democrático, al que describió como "inmaduro". Aseguró, en clara alusión al GAL, que el Gobierno ha lesionado deliberadamente el Estado de derecho, que el poder judicial "presenta síntomas de descomposición" y que se ve zarandeado por presiones políticas. Su corolario es contundente: "Si en una sociedad democrática se tambalearan los controles judiciales, nos hallaríamos ante la quiebra del sistema mismo". Sin embargo, también se congratula el PNV por el hecho de que la sentencia no recoge alguna petición del fiscal que, según Arzalluz, considera criminales derechos "de carácter supranacional, como el de la autodeterminación".

Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, prefirió subrayar el reproche propinado a los dirigentes radicales y omitió cualquier referencia a los argumentos jurídicos esgrimidos por su partido.