El Consejo Fiscal pide revisar la vacante dejada por Cardenal en Euskadi

El Consejo Fiscal acordó ayer por unanimidad pedir un informe a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre la procedencia de sacar a concurso la plaza de fiscal jefe del País Vasco, que no ha sido convocada desde que su último ocupante, Jesús Cardenal, fue nombrado fiscal general del Estado. Cardenal ha venido reteniendo la plaza, y la vivienda que lleva adjunta, para poder reincorporarse a ambas cuando finalice su mandato como fiscal del Estado. La sancionada ex fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, que optaba a una vacante en el Tribunal Supremo, no obtuvo ningún voto de los integrantes del ConsejoFiscal.

El Consejo Fiscal acordó ayer que el informe que elabore la Secretaría Técnica de la Fiscalía sobre la plaza de fiscal jefe del País Vasco, sea remitido al Ministerio de Justicia, organismo encargado de convocar la vacante.Precisamente ayer, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) criticó duramente la postura de Jesús Cardenal de retener la plaza de fiscal jefe del País Vasco, que, "por razones obvias", dicen, es una de las más importantes del ministerio fiscal.

Cardenal siempre ha considerado que se encuentra en situación de "servicios especiales" en su actual cargo y tiene derecho a reserva de plaza, por lo que no tiene por qué sacarla a concurso. De hecho, cuando fue requerido por la UPF para que sacara a concurso la vacante de fiscal jefe del País Vasco, Cardenal respondió evasivamente que "en el momento oportuno se tomará la decisión en cuanto a la necesidad de cubrir la misma" *

Sin embargo, en su comunicado de ayer, la UPF consideró "legalmente dudoso" ese derecho de Cardenal, e interpretó que éste parece estar interesado en recuperar dicha plaza en el momento de su cese, "no teniendo al parecer el mismo interés en desocupar la vivienda oficial de Bilbao".

La UPF denuncia que Cardenal no sólo mantiene la vivienda oficial que le correspondía por su cargo, sino que mantiene desocupada la jefatura de la Fiscalía del País Vasco para reservarse "un confortable retiro para cuando abandone la Fiscalía General, mostrando con ello un nulo respeto a la sociedad vasca y al ministerio fiscal, cuya máxima representación asume".

El Consejo Fiscal también abordó la convocatoria de la plaza de teniente fiscal de la Audiencia Nacional, cargo que lleva vacante desde que su anterior titular, Eduardo Fungairiño, fue promovido a la jefatura de la Audiencia. En la reunión, Cardenal dijo que no tenía inconveniente en convocar la plaza, pero uno de los vocales indicó que sería mejor esperar a que el Ministerio de Justicia resuelva los expedientes disciplinarios que afectan a varios fiscales de esa audiencia para convocar la plaza. Los demás vocales asintieron a esta propuesta.

Ocho meses de demora

Los expedientes disciplinarios al grupo de fiscales indomables se iniciaron hace ahora un año, el 11 de diciembre de 1996, por orden del entonces fiscal general Juan Ortiz Úrculo y la tramitación y resolución definitiva sobre los mismos recayó cuatro meses después, el 11 de abril.Desde entonces han transcurrido otros ocho meses sin que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, haya resuelto los recursos contra tres multas de 50.000 pesetas impuestas al jefe, Eduardo Fungairiño, y a los fiscales Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado, y una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo al fiscal Ignacio Gordillo. Precisamente Gordillo, mano derecha de Fungairiño tras el traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado, pasa por ser el candidato del fiscal jefe para sucederle en el cargo de teniente fiscal.

Mientras tanto, la que fuera fiscal líder de los indomables, María Dolores Márquez de Prado, continúa su declive tras su expulsión de la Audiencia Nacional por su "acritud y excesos formales hacia jueces y magistrados". Su pretensión de ser nombrada fiscal para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no obtuvo ni un sólo sufragio que la respaldase de entre los 12 integrantes del Consejo Fiscal.

Para cubrir la vacante del Supremo fue propuesta, por 10 votos a favor y 2 abstenciones, la fiscal del Tribunal de Cuentas María Ángeles Garrido Lorenzo. Tampoco obtuvo ningún voto el fiscal Manuel López Bernal.