Molins reclama para Cataluña todas las competencias salvo Exteriores y Defensa

El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, reclamó ayer un nuevo pacto fiscal basado en la recaudación de impuestos por parte de la administración catalana, tal como existía en 1914, antes de la derogación de las leyes catalanas tras la guerra de sucesión. Molins, que no quiso pronunciarse sobre si esta reforma exige una revisión de la Constitución, se manifestó a favor de que el Gobierno central asuma exclusivamente las competencias en Exteriores, ordenación general de la economía y Defensa, dejando para Cataluña todas las demás competencias.Molins hizo esta propuesta ayer en una conferencia en el Club Siglo XXI cuando prácticamente ha culminado el pacto de investidura que CiU estableció con el PP en 1996, y a pocas semanas del encuentro entre José María Aznar y Jordi Pujol, en el que previsiblemente renovarán su acuerdo de colaboración. Al acto asistieron el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, y el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy.

Molins argumentó con el ejemplo de otros Estados de estructura compleja como Alemania o EE UU. Citó que en Alemania el Estado ha delegado todas sus competencias, incluso las legislativas, en materia educativa y en EE UU coexisten varias legislaciones penales, civiles o mercantiles.

El portavoz de CiU recalcó que Cataluña no está satisfecha con la forma en que se ha desarrollado la Constitución y con la generalización autonómica que, a su juicio, ha diluido su realidad nacional. Para Molins, en España no existen 17 realidades nacionales y afirmó que "las naciones no se inventan y una cosa son las regiones españolas y otra distinta es el autogobierno político basado en la existencia de unos hechos nacionales".

No obstante, Molins no quiso abrir el debate sobre si su propuesta comportaría o no una reforma de la Constitución, aunque recordó recientes aportaciones de expertos como Miguel Herrero de Miñón o José López Burniol, quienes han defendido que a partir del reconocimiento de los derechos históricos que realiza la actual Constitución podrían comprenderse todos aquellos territorios en los que hubiera subsistido un sistema normativo propio.