Tocino achaca a la constructora del depósito de agua la responsabilidad de la tragedia de Melilla

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, tiene bastantes cosas claras sobre la tragedia del día 17 en Melilla, cuando el reventón de un depósito de agua ocasionó nueve muertos y considerables daños. Según ella, que descarta "cualquier causa natural", el contratista -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que no llamó por su nombre- "es el principal responsable de los defectos de fabricación o vicios de construcción que pudiera tener la obra". A su vez, FCC guarda silencio a la espera de que sus propios técnicos elaboren un informe, lo que aún no han podido hacer, según un portavoz, por no haber tenido acceso a la instalación que está precintada por orden judicial.

Isabel Tocino aún fue más lejos en su comparecencia de ayer ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso: dio seguridades de que los afectados por la catástrofe no tendrán que reclamar nada a la Administración ni exigir responsabilidades penales para recibir las indemnizaciones que les correspondan. La ministra aseguró que tiene la intención de "iniciar de oficio" un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración, de manera que se consiga "una garantía para los afectados".La exposición técnica realizada por Tocino fue extensa y detallada. Así, explicó los pormenores de las investigaciones, que ordenó con carácter inmediato, y afirmó que, según una primera inspección visual, se descarta, "en principio, que el fallo de la obra haya sido debido a la cimentación". Ha sido "humano", dijo.

Tres hipótesis

La ministra barajó tres hipótesis sobre lo ocurrido: que el fallo fuese del empotramiento del depósito en la cimentación; que fallase la conexión entre los paneles de la fachada del depósito y las placas de cubierta, o que el fallo fuese de estas placas. Para Tocino, "lo realmente interesante" es que las tres hipótesis "pueden tener su origen en problemas derivados del proyecto, de la calidad de los materiales, de las condiciones de ejecución o de cualquier combinación de estas fases".En definitiva, afirmó que no es posible avanzar, "en este momento", ninguna conclusión definitiva, pero añadió que la investigación trata de averiguar si los cálculos en que se basó una modificación del proyecto original fueron correctos y si se utilizaron los materiales adecuados y con la calidad exigible, así como determinar cómo se produjo la rotura del depósito, para llegar "a identificar con precisión su causa".

De cualquier modo, Tocino adelantó que de las conclusiones preliminares se deduce "que las hipótesis de rotura más probables se centran básicamente en la elaboración del proyecto de construcción y, en especial, de los cálculos" en los que se basó una modificación aprobada en su día. Para ella, no es probable que el reventón se originase por "fugas o filtraciones". Incluso apostilló que nunca hubo roturas.

Tocino dio seguridades de que su departamento colaborará con la investigación judicial que se ha abierto. Pero, en su opinión, al margen de la responsabilidad penal, "parece evidente que la causa está en fallos técnicos o actuaciones profesionales no realizadas con la diligencia mínima exigible" y que esos fallos o esa falta de diligencia son, "sin duda, imputables inicialmente a la constructora del depósito, como ejecutora material y directa de la obra venida abajo".

Tocino completó el círculo de responsabilidades al añadir que la obra se ha ejecutado mediante contrato administrativo y con base "en un proyecto elaborado por técnicos de la propia Administración", por lo. que anunció que ha abierto un expediente para determinar las posibles responsabilidades de carácter administrativo, de cualquier índole, que hubieran podido cometer las personas" que prestaban servicios en ella.

Pocas veces un responsable ministerial habrá sido tan contundente a la hora de plantear las causas de una catástrofe y, sobre todo, de no eludir las propias responsabilidades, pues Tocino añadió que, por lo que sabe, hasta ahora "no ha existido un funcionamiento todo lo diligentemente exigible a los servicios públicos". De ahí que, para ella, resulte "obligado plantearse desde este instante la posible responsabilidad patrimonial de la Administración respecto de los daños y perjuicios ocasionados".

Tocino concluyó dando seguridades de que la Administración no pondrá "inútiles obstáculos" a su propia "responsabilidad civil directa" frente a los perjudicados. Por su parte, Fomento de Construcciones y Contratas continúa guardando silencio a pesar de las declaraciones de Tocino atribuyéndole la responsabilidad. Según un portavoz, no hablarán mientras no dispongan de un informe elaborado por sus propios técnicos sobre lo ocurrido, pero éstos no lo pueden realizar porque la instalación está precintada por orden judicial y, por tanto, aún no han tenido acceso a ella.

La misma fuente aseguró que el accidente que se produjo tiempo atrás en otro depósito construido por la compañía, en San Roque (Cádiz), se debió a un problema del suelo, del asentamiento.