El Poder Judicial devuelve a Liaño su 'recusación' a dos vocales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha devuelto al juez Javier Gómez de Liaño un escrito en el que recusa de hecho a los vocales José Bruno Otero y Javier Moscoso, al pedir que se abstengan "en el debate y decisión" sobre si se envía al fiscal, por presunta "resolución injusta", el auto por el que el 15 de mayo mantuvo el secreto del caso Sogecable, dos días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenara levantarlo. Por otra parte, fuentes del CGPJ han revelado, que el fiscal pidió en abril el "alzamiento del secreto respecto a todas las actuaciones" del mismo asunto.

BONIFACIO DE LA CUADRA Madrid

El origen de la futura decisión del CGPJ, prevista para el pleno del 4 de diciembre próximo, sobre la presunta prevaricación [dictar resolución injusta, a sabiendas] de Gómez de Liaño, se encuentra en la propuesta del instructor del expediente disciplinario, el magistrado José Jiménez Villarejo. Éste planteó si "la reiteración casi inmediata de la declaración de secreto, pretendidamente amparada por el parecer favorable de la Policía Judicial, debe ser considerada como una 'resolución injusta', pues en el Estado democrático de Derecho es el juez competente -en este caso, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- quien declara qué es lo justo concreto en cada caso".El 28 de octubre último, la Comisión Disciplinaria del CGPJ impuso a Gómez de Liaño una multa de 350.000 pesetas por "falta de respeto" a sus superiores y elevó al pleno del Consejo la decisión sobre el delito de prevaricación en el que habría podido incurrir Gómez de Liaño. El pleno del 29 de octubre acordó, por 14 de sus 21 votos, requerir a la Comisión Disciplinaria que le ampliara la información sobre la conducta de Gómez de Liaño.

Escritos espontáneos

Así lo hizo dicha comisión, que obtuvo del juez Ismael Moreno, entre otros documentos, el informe requerido telefónicamente a la policía por Gómez de Liaño y en el que éste se basó para insistir en decretar el secreto. Además, el propio Gómez de Liaño remitió espontáneamente al Consejo General del Poder Judicial varios escritos para su consideración por el pleno. El pleno del 12 de noviembre analizó una y otra documentación, pero aplazó su decisión hasta el 4 de diciembre.En uno de sus escritos, Gómez de Liaño propone a los vocales José Bruno Otero y Javier Moscoso "que se abstengan de participar en el debate y decisión" sobre esta materia. Al primero, por ser testigo del caso Lasa y Zabala, que instruye Gómez de Liaño. Y al segundo,por su amistad con Antonio González-Cuéllar, uno de los abogados de Sogecable. El pleno del CGPJ, tras recordar que el órgano de gobierno de los jueces no es jurisdiccional ni administrativo, decidió por unanimidad -con la abstención de ambos vocales devolver el escrito a Gómez de Liaño, quien ha preguntado al CGPJ qué recurso cabe ante esa decisión. Ayer, la Comisión Permanente del CGPJ le contestó que puede recurrir ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Otro escrito remitido al CGPJ por Gómez de Liaño es un informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, a requerimiento del juez. En ese escrito, Fungairiño asegura que el secreto parcial del caso Sogecable acordado por Gómez de Liaño el 15 de mayo "estuvo precedido de conformidad verbal del fiscal don Ignacio Gordillo, con respaldo expreso del fiscal jefe que suscribe". Fungairiño afirma que el fiscal inspeccionó todas las resoluciones del juez y detalla varios informes favorables al secreto.

Sin embargo, el escrito de Fungairiño omite toda referencia a un recurso del fiscal, firmado por él mismo, que el 17 de abril de 1997 reiteró lo pedido siete días antes: el "levantamiento total del secreto sumarial ( ... ), en exclusivo interés de la legalidad procedimental". El escrito razona que "ni siquiera respecto de aquellas diligencias que el auto impugnado considera procedente mantener reservadas cabe ya el mantenimiento del secreto ( ... ),porque a medida que van prestándose las declaraciones por parte de los imputados y testigos va haciéndose más necesaria la necesidad de que se aumente la contradicción exigida en el proceso y que ninguna parte quede indefensa por desconocedora".

Varios vocales del CGPJ consideran que esta posición del fiscal, coincidente con la de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, avala el criterio de que la decisión de Gómez de Liaño de mantener el secreto de las actuaciones constituye una presunta prevaricación, ya que está desautorizada por las instancias jurídicas -judicial y fiscal- y sólo conforme con el criterio de la policía, a requerimiento telefónico del juez. El pleno del próximo 4 de diciembre decidirá si remite el asunto al fiscal.