Barranco denuncia la "inseguridad jurídica" de los conductores
Juan Barranco, portavoz soclalista en el Ayuntamiento de Madrid, pidió ayer la comparecencia en el pleno municipal del próximo viernes del concejal responsable de Circulación, José Ignacio Echeverría, para que informe sobre la actual situación del tráfico en la capital. Según Barranco, los madrileños viven una "permanente e intolerable inseguridad jurídica en materia de tráfico".
Esta situación se pone de manifiesto, a juicio del portavoz socialista, en el dictamen del Defensor del Pueblo que advierte al Ayuntamiento de abusos en el cobro de determinadas multas de tráfico. Es el caso de aquellas infracciones cometidas por conductores que no son los propietarios del vehículo. En estos casos, el Ayuntamiento exige a los titulares de los vehículos que faciliten todos los datos de identificación personal (DNI y NIF) del conductor multado. Según el Defensor del Pueblo, tal y como informo ayer El Mundo, la Ley de Seguridad Vial establece que el Ayuntamiento debe recabar sólo el nombre y dirección postal del infractor para remitirle la multa.
Nueve años sin iniciativa
Barranco resumió los males que acucian al tráfico madrileño al afirmar que se han incremento los accidentes y las multas y ha disminuido la velocidad media de circulación. Recordó, asimismo, que la denuncia del Defensor del Pueblo viene precedida por el descalabro de EDS, la sentencia que anula el bando del alcalde sobre Carga y Descarga y el hecho de que la tasa de la grúa esté muy por encima del precio del servicio. Para Barranco, el PP lleva nueve años sin tomar una sola iniciativa para mejorar la circulación en Madrid".El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, salió al paso de las críticas de la oficina del Defensor del Pueblo. Bujidos justificó la actuación de su departamento al argumentar que tiene como objetivo asegurar el cobro de la sanción y evitar el fraude que se produce cuando el titular del vehículo es una empresa y el conductor infractor un extranjero. En estos casos, el número de identificación personal no coincide con el del carné de conducir.
Este procedimiento municipal cumple, según el edil de Hacienda, lo establecido por el Tribunal Constitucional, de modo que la sanción la reciba el conductor infractor y no el titular del vehículo. Sin embargo, el responsable de las arcas municipales reconoció que en el caso de que éste no aporte todos los datos para identificar al infractor, el Ayuntamiento impone al propietario del coche 50.000 pesetas de multa.
El gobierno municipal ha optado por este procedimiento para evitar el fraude, según Bujidos, de las empresas "quitamultas" que gestionan las sanciones a particulares y empresas. El edil reconoció que el número de casos en los que se utiliza el "truco" del conductor extranjero son pocos en relación con las multas que se imponen a diario. "Pero, a pesar de ser escasos, son muy significativos", concluyó Bujidos.
