Lecciones para el Tribunal de Cuentas

Ahora que su informe sobre la Expo 92 ha pasado por las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas no puede taparse los ojos ni los oídos ante lo sucedido desde que saltó a los medios de comunicación el pasado 31 de octubre. Desde entonces, el Tribunal ha recibido dos lecciones al ver cómo se ha escrito y hablado del informe a partir de una filtración y cómo han sido criticados los gestores de la Expo 92 sin que éstos ni siquiera conozcan el informe definitivo del Tribunal que enjuicia su gestión.Estas dos lecciones son consecuencia en primer lugar de los defectos del informe sobre la Expo, contra el que voté en el pleno del Tribunal del pasado 22 de octubre y al que presenté un voto particular, pero sobre todo son la consecuencia de un trasnochado modelo de relaciones con la sociedad y con los medios de comunicación que el Tribunal no puede seguir manteniendo.

En los ocho folios de mi voto particular expresé los defectos del informe del Tribunal, en los que fundamenté mi rechazo. El principal es que el informe podría ser interpretado -como de hecho ha ocurrido en la sesión parlamentaria en la que la presidenta del Tribunal presentó el informe- en el sentido de que Expo 92, SA, careció durante 1992 de las cuentas legalmente establecidas por la legislación mercantil, lo que no es cierto.

¿Por qué se presta el informe a ser interpretado en el sentido de que Expo 92, SA, careció de las cuentas legalmente establecidas por la legislación mercantil?

La respuesta es bien simple: porque, en contra de lo mandatado por su Ley de Funcionamiento, el Tribunal no ha realizado su función fiscalizadora sobre las únicas cuentas de 1992 legalmente aprobadas por la Junta General de Accionistas de Expo 92, SA, más tarde fiscalizadas por una firma de auditoría y finalmente depositadas en el Registro Mercantil, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas. Por el contrario, el Tribunal se ha basado fundamentalmente en unos estados Financieros que le remitió la Intervención General del Estado,estados que no reúnen la condición jurídica de cuentas. Con base en este proceder del Tribunal, ahora se ha podido afirmar por algunos que en la gestión de la Expo hubo irregularidades contables e incluso delitos societarios.Mi discrepancia con el informe aprobado por el pleno del Tribunal es jurídica, pero también contable porque el informe aprobado por el Tribunal incurre en el error de identificar los conceptos de "cuenta" y de "estado financiero", identificación que carece de rigor técnico, porque, si es cierto que todas las "cuentas" son "estados", no es cierto que todos los "estados" sean "cuentas".Pero, además, mi discrepancia es normal en el funcionamiento de las instituciones democráticas y los órganos colegiados. Otra cosa es que todo miembro de una institución prefiera que sus tesis sean asumidas por la mayoría, pero en el Tribunal estoy acostumbrado a lo contrario.

. Pero mucho más importantes que las discrepancias entre consejeros del Tribunal son las confusiones que sobre el informe de la Expo han generado algunas de las aclaraciones, pretendidamente técnicas, realizadas tras saltar el informe a la opinión pública. El sí, pero no entre los 5.000 y 35.000 millones de déficit de la Expo 92, y el no, pero sí sobre algunas eventuales responsabilidades contables en materia de indemnizaciones, han convertido el tiempo transcurrido desde que el informe saltó a la opinión pública en un vía crucis innecesario en el que el prestigio técnico del Tribunal ha resultado seriamente afectado y, de paso, los conceptos contables vapuleados.

Desde el Tribunal no se puede seguir despachando el interés de los periodistas por nuestros trabajos, afirmando que el Tribunal se pronuncia sobre cuestiones técnicas sólo comprensibles por los iniciados, porque no es cierto. Y no es cierto porque la misión del Tribunal no es sólo elaborar informes de fiscalización sobre los ingresos y los gastos públicos, sino también hacer comprensibles esos informes a la sociedad. Para lograrlo resulta imprescindible -y ésta es mi primera propuesta- que los informes aprobados por el Tribunal de "interés general" sean presentados públicamente por la Presidencia del Tribunal a los medios de comunicación sin dilación alguna, es decir, simultáneamente a su remisión a las Cortes.

La segunda de las lecciones que el informe de la Expo 92 ha dejado se comprende fácilmente a la vista de los disparos de artillería gruesa que la gestión de la Expo ha recibido desde que la filtración del informe saltó a la opinión pública. Todos hemos leído, oído o visto a quienes antes de su presentación al Parlamento, y también después, impulsados por la inercia y sin hacer uso de las bridas, nos han dicho que la Expo 92 fue el Expolio 92, que fue un atraco, por citar sólo dos de las expresiones más amables y cariñosas dirigidas a sus gestores. No deja de ser llamativo a este propósito que la sesión de la Comisión Parlamentaria en la que se presentó el informe se centrase en la crítica a los gestores de la Expo, que no estaban en la sala.

Muchos de los que han hablado y escrito sobre el tema han confundido déficit con agujero para, seguidamente, dejándose llevar por sus impulsos, pasar a pedir a los gestores de la Expo "que devuelvan el déficit". Pero, como esta expresión huele a contabilidad, y la contabilidad no se presta a hacer con ella ni poesía ni titulares de diario, insisten machaconamente en que en la Expo hubo ilegalidades o irregularidades contables y en que dejó tras de sí un agujero.

Intentar demostrar a estas alturas que déficit no es lo mismo que agujero parece innecesario. Pero, por si acaso, recordaré que el déficit de una sociedad, en este caso Expo 92, significa que tuvo más gastos que ingresos, mientras que agujero significa que alguien se llevó lo que había antes de que el agujero existiera, o, dicho procazmente, que falta dinero sin justificación alguna.

Como el informe ya ha sido presentado en el Parlamento, puedo decir públicamente que esas opiniones -legítimas por lo demás- no tienen apoyo en la letra del informe, y que tampoco se pueden deducir de su espíritu. Pero una cosa es eso y otra bien distinta y además suicida, intentar salir del paso enmarañando las cifras del déficit o ignorando el informe del fiscal.

Por ello, porque se les ha atribuido dejar tras de sí un agujero, tenemos que preguntarnos qué oportunidad han tenido los gestores de la Expo 92 de defender públicamente su gestión ante el Parlamento. La respuesta es clara: ninguna; ni la han tenido ellos ni la tiene actualmente ningún gestor de fondos públicos, ni la tendrán el día de mañana los actuales, salvo que algo cambie. ¿Y qué tiene que cambiar? Sencillamente -y éstas son mi segunda y tercera propuestas- que el Tribunal envíe directamente sus informes a los gestores de fondos públicos que hayan sido fiscalizados simultáneamente a su remisión a las Cortes, y que los gestores fiscalizados tengan que ser preceptivamente convocados por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para, en comparecencia ante los diputados y senadores, contestar a lo que éstos les pregunten e intentar explicar la gestión que hicieron de esos fondos públicos. Todo menos juzgar y condenar al ausente, porque el deber y el derecho del Parlamento a controlar el destino dado a los fondos tiene que ser compatible con el derecho de los gestores de esos fondos a defender públicamente su trabajo, bueno o malo, regular o irregular.

Así se hace en el Reino Unido y en Austria, entre otros países, donde no parece que estas cuestiones funcionen mal. Además, así se pondrá fin a una imagen distorsionada y perversa que viene persiguiendo al Tribunal desde que en junio de 1982 se aprobó su vigente ley: que su presidente, al presentar cada informe al Parlamento, dé la impresión de estar representando a los gestores fiscalizados, lo que obviamente no es cierto. Pero las imágenes son las imágenes e ignorarlas voluntariamente es propio de ciegos y de sordos voluntarios.