El alcalde de Móstoles frena una investigación sobre un ex consejero

La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en el Ayuntamiento de Móstoles (196.500 habitantes), que preside el grupo municipal del Partido Popular, en la oposición, lleva dos años paralizada por la falta de un reglamento que acepten todos los grupos que la integran.Lo último que los populares han querido investigar es el contrato que el Consistorio firmó con Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial en tiempos de Joaquín Leguina, para realizar el proyecto y dirigir las obras del Arroyo de El Soto, por lo que recibíó 20 millones de pesetas.

La petición del Partido Popular fue contestada negativamente por el alcalde socialista, José María Arteta, quien ha esgrimido razones administrativas para no convocar a la comisión.

Y es que el PP pretende esclarecer por qué se le concedió la obra a Mangada, pese a ser la oferta más cara, y el motivo por el que el Ayuntamiento corre ahora con los gastos (siete millones más) de tres directores de obra designados por el propio ex consejero, cuestiones que demuestran "el trato de favor que el alcalde dispensa a su amigo Mangada", según el PP.

El regidor mostoleño dijo que existen dos informes jurídicos en los que se afirma que la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones no puede convocarse en tanto no disponga de un reglamento para funcionar. "De otro modo podría convertirse en un tribunal de la Inquisición", manifestó Arteta.

Hasta que la situación se resuelva, el Partido Popular ha abandonado la comisión.

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