Pugna entre Sanidad y Trabajo por el control de las altas en caso de enfermedad

El Ministerio de Sanidad ha perdido el primer asalto, pero mantiene la pugna con el de Trabajo para lograr que los médicos de cabecera no pierdan el control de las altas médicas como pretende este último. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado aprobada ayer permite que los médicos adscritos al Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puedan dar el alta médica a efectos económicos, aunque el médico de cabecera crea que debe continuar la baja. La pugna se traslada ahora al reglamento, en el que Sanidad espera introducir que, en caso de discrepancia, decida el médico de cabecera. Cataluña ha anunciado que no aplicará este artículo, pese a que CiU votó a favor.

Hasta ahora, el alta -como la baja- era competencia de los médicos de cabecera, dependientes del Insalud y sus equivalentes autonómicos. La ley otorga ahora la potestad de dar el alta "a efectos económicos" a los médicos "adscritos al INSS". Ello les convierte en juez y parte en la decisión de mantener o no una prestación que tiene que pagar ese mismo organismo.El PSOE interpreta que cuando la ley habla de médicos "adscritos", puede llegar a incluir también a los de las mutuas patronales que actúan como entidades colaboradoras del INSS, mientras que Sanidad defiende que debe interpretarse que sólo los médicos del INSS serán los de puedan dar el alta.

Trabajo aclara que una orden de 19 de junio prevé la posibilidad de que las empresas y los, trabajadores decidan dar la gestión de las incapacidades a las mutuas, y que sólo en estos casos, que son voluntarios, las mutuas podrán dar el alta. Sin embargo, Trabajo remite los detalles de la aplicación al futuro desarrollo reglamentario.

Pese a que el secretario general de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Feijoo, envió al de, Relaciones con las Cortes un escrito en el que pedía la supresión de este artículo, Trabajo se ha mostrado inflexible en una medida con la que espera ahorrar mas de 40.000 millones anuales. La Seguridad Social gastó en 1996 un total de 582.000 millones en incapacidades temporales, con incidencia muy desigual y distinta duración de las bajas. Así, mientras en Andalucía la duración media de las bajas es de 250 días, en el País Vasco o Asturias es de 150.

Trabajo considera que existe un importante fraude; y lo atribuye a la actitud poco vigilante de los médicos de cabecera, a lo que Sanidad responde que la forma de combatir el fraude no es quitándoles a éstos la capacidad de decisión, sino establecer mecanismos adecuados de control.

Arbitrariedad

Mientras tanto, las organizaciones médicas han reaccionado con preocupación ante una medida que consideran que puede generar conflictos entre los propios médicos y también con los pacientes. Para la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, "el manejo de las bajas laborales presenta, al margen de su compleja valoración clínica, evidentes connotaciones sociales, laborales y económicas, Por ello, la toma de decisiones (...) debería permanecer en manos de profesionales independientes que garanticen ecuanimidad en su control, y su concesión y duración no será condicionada por presiones empresariales o particulares interesadas".Esta asociación advierte de que la reforma puede conducir a "la arbitrariedad y desprotección de los pacientes" en la medida en que se conceda la decisión dé retirar la prestación económica precisamente a quien está obligado a pagarla. La sociedad estima que el sistema de bajas precisa reformas, pero en la línea de agilizar las pruebas diagnósticas y las resoluciones. Por su parte, el diputado socialista Josep Corominas considera muy grave que se permita decidir el alta por razones exclusivamente económicas.

El consejero de Sanidad de Cataluña, Eduard Rius, se ha mostrado contrario a este artículo y ha anunciado que no lo aplicará en Cataluña. Pese a ello, el grupo parlamentario de CiU votó ayer a favor, con lo que el PP pudo derrotar las enmiendas de la oposición de izquierda -PSOE, IU, IC-EV y NI- que pedían la supresión.

Cataluña ha creado un órgano independiente, el Centro de Revisiones y Evaluaciones Médicas, financiado por el Servicio Catalán de la Salud, que ofrece sus servicios tanto a las mutuas como al INSS para realizar la inspección y el control de las bajas, pero el alta sigue en manos del médico de cabecera.