Madrid tendrá Tribunal de Cuentas propio, pero no Defensor del Pueblo

Las discusiones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid (que datan de marzo de 1983) culminaron ayer en una insólita cumbre regional. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, y los portavoces del PP, PSOE e IU, Manuel Cobo, Jaime Lissavetzky y Ángel Pérez, respectivamente, quedaron ayer a comer para eliminar los flecos pendientes tras una negociación de varios meses. Había nueve puntos en los que los partidos no conseguían ponerse de acuerdo. Se dejó el esfuerzo de conciliación para los líderes, que, al final, tras un almuerzo de dos horas, sólo han conseguido congeniar en una cosa: crear el Tribunal de Cuentas de Madrid. Así lo recogerá el nuevo articulado del estatuto. Por el camino se quedó el empeño de la oposición, especialmente de IU, de crear la figura del Defensor del Pueblo madrileño, o la idea de Alberto Ruiz-Gallardón de dividir la región en 10 circunscripciones electorales.

La reforma del estatuto, que sólo ha incluido aquellos artículos en los que los tres grupos han estado de acuerdo, era necesaria para que el Gobierno de Madrid pudiera asumir nuevas competencias, entre las que se encuentran la sanidad y la educación, y llegar así al nivel de la mayoría de las comunidades.

La creación de un tribunal de cuentas autonómico no seria un caso singular. Muchas comunidades ya se han dotado de esta institución para fiscalizar las cuentas de sus gobiernos locales o regionales. Según el acuerdo al que han llegado los líderes políticos, el estatuto de Madrid sólo recogerá la posibilidad de crear este órgano, cuya denominación final, así como sus funciones concretas y organización interna, deberán ser objeto de una ley posterior.

Los socialistas propusieron instaurar este organismo (para lo que contaron con el apoyo de IU) a fin de agilizar el control de las cuentas públicas de las instituciones madrileñas, ya que en el Tribunal de Cuentas nacional los asuntos se tramitan con cierto retraso.

El Partido Popular aceptó esta propuesta de la oposición, pero no cedió ante la intención de Izquierda Unida de crear la figura del Defensor del Pueblo de Madrid. El PP no se dejó convencer porque consideran que esta institución, en su versión nacional, cubre de sobra las demandas de los madrileños. Según calculan, más de la mitad de las quejas que tramita la oficina del Defensor proceden de Madrid. Tampoco los socialistas estaban plenamente convencidos de las ventajas de esta propuesta.

Además, sobre el ánimo de los populares pesaba la posible carga económica que supondría la existencia de este nuevo organismo dependiente del presupuesto público. Sin embargo, no opinan así ocho comunidades autónomas. Aquellas que, según el recuento de IU, han implantado ya una figura similar.

La oposición tampoco logró convencer al PP para que aceptara otras seis propuestas.

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Propuestas de IU