La industria farmacéutica desafía al Gobierno ante el 'medicamentazo'

El presidente de Farmaindustria, Enrique González Hervada, calculó ayer que si se rescínde ese descuento del 3% que los laboratorios hacen al Estado -pactado con Sanidad desde 1995-, el erario público perderá entre 20.000 y 22.000 millones de pesetas, lo que resulta de aplicar el 3% a todos los medicamentos cuyo precio supere las 300 pesetas y que son vendidos en las farmacias. (El Estado paga un 60% de los medicamentos que compra el público en general, y el 100% en el caso de los pensionistas).Farmaindustria tiene suscrito con el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, otro pacto mediante el cual los laboratorios devuelven al Estado determinadas cantidades anuales -con porcentajes escalonados- según se rebasen ciertos topes de crecimiento en la factura farmacéutica. Desde 1995 se han aportado por esta fórmula 37.000 millones. También este acuerdo se iría al garete, dice la industria.

Gracias a los pactos, a una política de prescripción restrictiva y a la rebaja en dos puntos del beneficio de las farmacias, el incremento del gasto se ha detenido este año en un 4,7%, frente al 12% o 14% de los últimos ejercicios. Con todo, Espafla es el país europeo con más peso del gasto farmacéutico.

Como el Guadiana

Como el Guadiana, la exclusión de fármacos del seguro público y la modificación del pago para trabajadores o pensionistas, aparecen y desaparecen del nudo gordiano de la financiación sanitaria. Romay se ha encargado varias veces de desmentir que se fueran a aplicar esas reformas, e incluso que se contara con los impuestos sobre el alcohol y el tabaco como ahora vuelve a barajarse.Hoy Sanidad evita responder a las declaraciones del área económica del Gobierno o de sus socios nacionalistas. Y sobre la fuente que proporcionará los más de 100.000 millones adicionales que requiere el Sistema Nacional de Salud, los portavoces ministeriales remiten a los acuerdos que se alcancen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tanto Farmaindustria como los colegios farmacéuticos insisten en la "inutilidad" de medidas como la exclusión de fármacos. Algunos técnicos de Sanidad también lo admiten en privado. Ayer mismo, el consejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Eduard Rius, manifestó que según cuál sea la solución del medicamentazo entorpecerá la negociación entre PP y CiU sobre la financiacion de la Sanidad. Rius se demostró inicialmente contrario a medidas que supongan un ahorro a corto plazo porque no son una solución duradera.

La primera lista de fármacos excluidos, aprobada por el Gobierno socialista en 1993, pretendía ahorrar 60.000 millones. Pero las cifras de facturación muestran que al año la cuenta subió unos 51.000 millones.

La razón no fue otra que el desvío del consumo hacia otros medicamentos, más caros en algunos casos. El solo anuncio de la lista negativa en julio de 1993 ocasionó un incremento del consumo del 21% en aquel mes por el acopio de fármacos que hicieron en especial los jubilados ante la expectativa de perderlos. El PP utilizó estos mismos argumentos en su día para oponerse frontalmente a lo que entonces se bautizó como el medicamentazo.