Transparencias

TONY BLAIR ha mostrado una extraordinaria habilidad política para minimizar los daños del primer escándalo que le ha salpicado sobre la financiación del Partido Laborista. Ha devuelto el dinero al donante, Bernie Ecclestone, presidente de la Asociación de Fórmula 1 (un millón de libras: 245 millones de pesetas), y ha anunciado una investigación parlamentaria y una reforma en profundidad del sistema de financiación de los partidos británicos, uno de los más laxos y opacos de las democracias occidentales, muchas de ellas aquejadas por este mismo mal. Desde luego, la española, en la que la ponencia parlamentaria sobre la materia está dando un espectáculo bochornoso.Los partidos británicos pueden recibir donativos anónimos sin limitación. El Partido Laborista revela los nombres de los donantes que aportan más de dos millones de pesetas, pero no la cuantía. La donación de Ecclestoñe -aparentemente, la mayor donación individual en la última campaña electoral- tenía el objetivo de hacer cambiar a los laboristas, una vez en el poder, su política de prohibición total de la publicidad del tabaco, de la que depende en buena parte la fórmula 1. Ante lo que consideró un "aparente conflicto de intereses", Blair consultó al presidente del comité parlamentario de Normas de Vida Pública, quien le aconsejó devolver el dinero. Y así lo hizo. En el debate parlamentario, Blair se presentó como ardiente`defensor de la transparencia en la financiación y encargó al citado comité posibles medidas para avanzar en este camino, aunque ocultó al Parlamento que, siendo ya primer ministro, había recibido nuevas ofertas de donaciones, al parecer rechazadas, por parte de Ecclestone.

Una financiación transparente -y razonable aportaría mayor credibilidad a los partidos. También en España, donde los numerosos escándalos de financiación ilegal, pese a la diversa suerte que han corrido en los tribunales, han escandalizado a los ciudadanos, que entienden cada vez menos cómo los partidos son incapaces de limitar unos gastos en principio cubiertos por el erario público mediante la aportación anual de 12.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar las subvenciones electorales. Pero la ponencia que estudia la nueva ley de financiación de los partidos no logra un consenso mínimo, necesario en una materia como ésta. El ya excesivamente largo debate alimenta las sospechas de que se intenta esconder lo inconfesable.

Escaldado por Filesa, el PSOE pide una transparencia total. Convergéncia i Unió parece defender ahora una limitación de las donaciones anónimas individuales a 500.000 pesetas, como si no se pudiera utilizar de forma repetida esa fórmula hasta alcanzar cualquier cuantía. El PP, con el apoyo del PNV, propugna la emisión de bonos por los partidos, lo que podría crear un nuevo foco de deuda semipública en este país. Tampoco parece razonable que las sanciones a los partidos las decidan, a este respecto, la Mesa del Congreso a propuesta del Tribunal de Cuentas. Ni siquiera por ley pueden quedar los partidos políticos por encima de la ley. Sólo una transparencia total eliminará las dudas razonables de los ciudadanos.