La Corte Suprema nicaragüense cree que el acuerdo de extradición firmado con España es inconstitucional

Los casi 100 millones de dólares de ayuda financiera que ha traído José María Aznar en su visita a Nicaragua y el macroproyecto de alfabetización de adultos anunciado a bombo y platillo han quedado algo deslucidos por sendas polémicas: el convenio de extradición firmado entre Aznar y el presidente Amoldo Alemán, y la presión de 47 españoles para que se les devuelvan 166 propiedades confiscadas durante la revolución sandinista (1979-1989).La firma del tratado ha provocado un duro enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial nicaragüenses. La Corte Suprema de Justicia considera que el tratado es "inconstitucional", ya que en su artículo 4 contempla la extradición por "delitos políticos y de terrorismo". La vicepresidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, fue contundente al explicar que "en el derecho de extradición hay un principio según el cual ésta no procede cuando se trata de delitos políticos, principio contenido en la Constitución de Nicaragua y en la mayoría de tratados suscritos por el país".

La Cancillería cree que el problema es ficticio, ya que el Código Penal establece que el terrorismo no es un delito político. Esta explicación no impedirá, sin embargo, que la Corte Suprema resuelva cualquier recurso de un ciudadano afectado por el tratado con la sentencia de "inconstitucional".

La polémica generó además otra inquietud: la de si el tratado se ha firmado ahora porque haya etarras residiendo en Nicaragua. Sin embargo, el embajador español descartó esta posibilidad: "Tan sólo se trata de un instrumento jurídico más para luchar contra el terrorismo". Aznar ha firmado un tratado similar con Panamá y ya hay uno vigente con El Salvador. Respecto a las pretensiones de los españoles cuyas propiedades fueron confiscadas, hace unos días, el embajador en Managua, Carlos Díaz Valcárcel reconoció que este conflicto es el único escollo en las relaciones bilaterales.

Ahora, tras la reunión de Aznar con los representantes de la Asociación de Confiscados Españoles, las cosas están peor. Los afectados dicen estar "decepcionados" con la actitud del presidente. "La verdad es que se ha callado la boca. Nos ha escuchado pero sólo ha dicho que va a hablar con Arnoldo (Alemán)", señalaron.

Un informe oficial del ministerio de Finanzas nicaragüense detalla que, de los 47 reclamantes, sólo 27 han conseguido- los bonos de indemnización por el valor de sus propiedades (casi siete millones de dólares) en los últimos siete años. Quedan 20 casos sin resolver que afectan a 84 propiedades. A nueve de ellos se les ha dicho que sus reclamaciones no se sostienen.

El hermetismo y la férrea seguridad ha rodeado la visita de Aznar a Managua. Cuando descendió del avión de la Fuerza Aérea Española, 70 agentes de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército nicaragüense escoltaron al presidente español, además de su servicio de seguridad personal y oficiales de la Policía Nacional. Los lugares que visitó fueron acordonados por antidisturbios.

La Unión de Periodistas de Nicaragua protestó por las medidas de seguridad, que prácticamente dejaron sin cobertura la mayor parte de la visita, y por la organización de la única rueda de prensa, en la que sólo tenían derecho a preguntar cuatro periodistas nacionales.