CiU y PSC pactan que la ley del catalán no sancione a los ciudadanos

El Gobierno catalán y el principal partido de la oposición, el socialista, sellaron ayer un pacto para aprobar una nueva ley para el impulso del uso social del catalán, la que durante los meses de elaboración ha sido conocida como "ley del catalán" y que ayer se acordó denominar Ley de Política Lingüística. El acuerdo fue sellado por el presidente Jordi Pujol y el primer secretario del PSC, Narcís Serra. Éste destacó que la ley garantiza los derechos lingüísticos individuales y no incluye sanciones a los ciudadanos.

Nacionalistas y socialistas suman 90 de los 135 diputados del Parlamento catalán, lo que da una idea de la importancia política del acuerdo. Pujol y Serra dieron ayer los últimos toques al acuerdo, aunque en realidad lo habían dejado ya prácticamente listo el jueves pasado en otro encuentro negociador. A las salida de la reunión de ayer, que duró dos horas, Pujol le dijo a Serra, ante los fotógrafos que les esperaban: "Bien, ahora lo que toca es darnos la mano". Y se dispararon los flashes.El pacto que permitirá la aprobación de la segunda ley sobre el catalán por el Parlamento autónomo se ha materializado en 25 enmiendas conjuntas que Convergència i Unió (CiU) y el PSC presentarán al proyecto. Estas enmiendas serán dadas a conocer el lunes. El desarrollo reglamentario de la ley será también negociado por CiU y PSC.

El acuerdo ha sido posible porque CiU ha desistido de sus pretensiones en los aspectos que habían provocado el rechazo inicial de los socialistas. En particular de dos: la introducción de lo que denominó como principio de disponibilidad y la fijación de un régimen sancionador en la ley para quienes incumplieran sus preceptos. Nadal explicó que tanto en el preámbulo como en una de las disposiciones se ha incluido, textualmente, la siguiente frase: "Esta ley no prevé sanciones para los ciudadanos". Y el principio de disponibilidad se ha eliminado del proyecto. Por tal principio se entendía la obligatoriedad de atender al público en el idioma oficial que éste deseara, tanto en las administraciones como en los servicios públicos y el comercio.

La concesión de los socialistas ha sido aceptar la elaboración de la propia ley, porque su posición inicial era que todavía no estaba agotado el desarrollo de la Ley de Normalización Lingüística de 1983. Las principales novedades que introducirá el proyecto consensuado por CiU y PSC se refieren al fomento del catalán en el cine y los medios de comunicación audiovisuales que dependen de concesiones de la Generalitat y de los ayuntamientos. En éstos se prevé la introducción de cuotas idiomáticas. Los socialistas eran también contrarios a aceptarlas. El compromiso sellado ayer es, según dijo Serra, que "un reglamento modulará las cuotas de acuerdo con las características de la audiencia de los medios".

Reforma de leyes españolas

Además de los estrictamente relacionado con este proyecto, Pujol y Serra acordaron también promover la reforma de la normativa de ámbito español que restringe el uso del catalán. Se trata de 152 normas de distinto rango, la gran mayoría aprobadas durante la etapa de gobiernos socialistas. En particular, se pretende plantear en las Cortes la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere al conocimiento del catalán por los jueces; la ley del Registro Civil, la ley General Hipotecaria, y el reglamento del Registro Mercantil.En la reunión de ayer participaron también los consejeros de la Presidencia y de Cultura del Gobierno catalán, Xavier Trias y Joan Maria Pujals, respectivamente, y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquim Nadal.