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Editorial:

Madres subrogadas

EL PRÓXIMO miércoles se reunirá por primera vez, con nueve años de retraso, la Comisión de Reproducción Asistida. La propia ley, aprobada en 1988, daba un plazo de seis meses para la constitución de esa comisión, encargada de dirimir los conflictos y controversias que su aplicación pudiera suscitar. Considerada en su momento una de las más avanzadas, la ley era el fruto de un intenso debate previo, que propició un alto grado de participación de especialistas no sólo médicos. El resultado fue un texto que debía permitir el desarrollo de las técnicas de fecundación asistida en España sin abusos ni desviaciones.En estos nueve años, desde la aprobación de la ley, ni la ciencia ni la sociedad se han detenido, y la práctica médica ha ido planteando nuevas situaciones. La cuestión de las madres de, alquiler es una de ellas. La ley española sólo reconoce como madre de una criatura a la que le da a luz y prohíbe cualquier comercio relacionado con la obtención de semen u óvulos para la fecundación. Como principio, la exigencia de que no medie comercio parece un dique razonable para evitar abusos. Pero la ciencia avanza a un ritmo más acelerado que la capacidad de la sociedad para asimilar sus consecuencias. Si la normativa es rígida y carece de mecanismos de adaptación, rápidamente se inventan métodos para burlarla. Desde el momento en que existe la posibilidad de recurrir a madres de alquiler en otro país, será utilizada. Lo está siendo, de hecho, por mujeres españolas.

Los casos dé mujeres con óvulos capaces de ser fecundados por el esperma de sus maridos, pero sin la posibilidad, por diversas causas, de gestar al niño, han hecho que algunos especialistas se pronuncien a favor de revisar la ley en este apartado. Pero también se han levantado voces en contra. No revisar este aspecto sólo contribuirá a poner un precio más alto para conseguir una madre de alquiler en el extranjero y dejar fuera a las mujeres que no tengan recursos para ello. Esta enseñanza quedó clara en España con la prohibición del aborto. Tantos años de persecución no impidieron que las mujeres siguieran abortando, unas arriesgando su vida en la clandestinidad, otras -las que podían pagarlo- en Londres o en Amsterdam. Es deseable que esa situación no se repita.

Ésta es una de las principales cuestiones que deberá abordar la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. También tendrá que decidir otras igualmente delicadas, como el destino de los miles de embriones congelados que ya tienen más de cinco años, el límite legal para conservarlos, y que no han sido utilizados. Ocho años de desidia normativa han dado lugar a una situación de falta de control en la que ni siquiera se sabe cuántos embriones hay congelados. El registro que prevé la ley no funciona todavía y tampoco existen mecanismos de control para garantizar la calidad de los tratamientos. La comisión tiene, pues, ingente trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de noviembre de 1997