Grupos nacionalistas proponen superar el Estatuto del País Vasco para abrir vías al diálogo con ETA

El movimiento Elkarri, con el beneplácito de los partidos vascos y otras asociaciones de carácter nacionalista, ha elaborado un documento político en el que plantea la necesidad de superar el actual marco del Estatuto vasco como única vía para acabar con la violencia en Euskadi. Este documento, elaborado en forma de proposición de ley y al que ha tenido acceso la Cadena SER, trata de facilitar un acuerdo político con ETA partiendo de una reinterpretación de la Constitución española en lo referido a los llamados territorios históricos.

El escrito ha salido a la luz en los días previos a la esperada sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el juicio a la Mesa Nacional de HB.La proposición de ley contempla, en esencia, la creación de "nuevos procesos participativos" en los territorios de raíz foral. Textualmente se dice que "la elaboración de ese anteproyecto de ley se encargará a una comisión en la que podrán participar todos los partidos con representación parlamentaria en Navarra y Euskadi. El plazo para la elaboración de este anteproyecto será de 12 meses. Para alcanzar el máximo consenso, esta comisión podrá realizar cuantas consultas crea pertinentes, haciendo efectiva la participación de los diferentes agentes sociales".

El documento fuerza una interpretación de la Constituición según la cual los llamados derechos históricos preceden a la propia Constitución. Por tanto, en las comunidades de raíz foral, cualquier modificación del actual status "encuentra su legitimación en los derechos históricos, amparados y respetados en la disposición adicional primera de la Constitución, y puede encauzarse mediante la concertación consustancial a tales derechos".

Viene a decir que cualquier expresión de la voluntad popular que emane de los órganos forales está legitimada por la Constitución. ¿Equivale a dejar al margen al Parlamento español? La respuesta, en fuentes vinculadas a la redacción de este documento, es que la base de este proceso es la concertación, por lo que es previsible una intervención final del Parlamento español.

El documento recoge un claro reproche de insuficiencia al proceso constituyente y los procesos estatutarios del País Vasco y Navarra. "No fue posible lograr un acuerdo deseable entre las diferente opciones políticas", se afirma y las consecuencias de aquel hecho se manifiestan todavía hoy y son la causa de problemas y conflictos que siguen pendientes de resolución", se dice, en clara referencia al terrorismo.

Fuentes allegadas a la redacción del documento afirman que el mismo es independiente de otras iniciativas de la sociedad vasca -que incluyen el frente político, el sindical y el eclesiástico- para crear un clima favorable a la negociación con ETA.

En esta línea cabe situar el acto convocado recientemente por el sindicato nacionalista ELA en Gernika al que asistieron representantes de todas las fuerzas abertzales, incluida HB, así como los encuentros PNV-EA y las recientes declaraciones del obispo Setién, respaldadas por la Conferencia Episcopal.

Dado que la cuestión navarra es uno de los puntos claves de ese marco de aproximación a ETA y HB, en medios vascos se valora como un gesto positivo el reciente intento de un sector de la Iglesia vasca para unificar las diócesis vasco-navarras. La iniciativa ha merecido sin embargo un fuerte rechazo de buena parte de la sociedad navarra y el propio Vaticano ha intervenido para dejar el proyecto en vía muerta.

Aunque el documento no lo contempla expresamente, sus promotores indican que el proyecto final incluirá especificaciones sobre mecanismos legales a aplicar en el caso de que llegue a plantearse una incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca, respetando siempre la Constitución y la voluntad de los navarros.

Por otro lado, sectores del nacionalismo vasco cuentan con que la sentencia del Supremo marcará un cambio de actitud del Gobierno de Aznar en relación a ETA. Según ellos, una previsible sentencia condenatoria de la Mesa Nacional legitimaría al Gobierno ante su electorado para ceder en la cuestión de los presos y, a la vez, facilitaría un entendimiento PP-PNV para dialogar con ETA.