Protección de Datos investiga los dos macrosondeos sobre consumo familiar

"Abrimos hace semanas el ex pediente a VNU Claritas por que no nos convence el modo en que se solicita que quien recibe el cuestionario haga cesión de sus datos personales", dice José Martín Casallo, director de la Agencia de Protección de Datos (APD), entidad encarga da de velar por la privacidad de los datos informáticos. "Podría conculcar el artículo 12 de la ley orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal". Ese artículo dice: "El afectado podrá impugnar los actos ad ministrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento cuyo único fundamento sea un tratamiento automatizado de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad".El expediente sancionador podría tener una tramitación de cuatro o cinco meses, según los cálculos de la Agencia.

En cuanto a Consodata España, la APD tiene también en curso una investigación. "Se trata de saber de dónde han sacado los nombres y direcciones de quienes reciben su encuesta", dice Martín Casallo. "En el caso de VNU se ha utilizado el buzoneo, pero en el de Consodata llega nominalmente. Queremos aclarar si esa posesión de datos por la empresa es lícita. Sobre todo cuando a veces hay sospechas de desviación de datos procedentes del censo".

Varias personas llamaron ayer a este periódico para contar que, tras duro periplo telefónico -en Telefónica no facilitaban el número de Consodata-, y tras expresar su protesta ante la empresa de sondeos por la utilización de datos personales que ellos nunca le habían proporcionado, Consodata les contestó que los había sacado de "un banco de datos de Telefónica, que es público". "Es decir", comentó un ciudadano a este periódico, "¿están ahí a merced de que ésta u otra empresa vuelva a utilizarlos sin nuestro permiso?". EL PAÍS intentó ayer por la tarde hablar con Consodata, pero tras marcar el número no se oía ningún tono. En Asistencia Técnica de Telefónica dijeron que el número no estaba averiado.

Ayer martes, EL PAÍS informó de que cada ejemplar de la encuesta de VNU lleva un número de orden distinto, que permite identificar al receptor aunque éste no dé sus datos. Ayer éste periódico comprobó que también hay número en el cuestionario de Consodata. La APD ya estaba al tanto de la cuestión en el caso de VNU. "Cuando les preguntamos sobre ese número", dice Martín Casallo, "nos respondieron que sólo es un método de control de los envíos". El pasado lunes Oscar López, del Instituto de Consumo, advirtió de que si ese número sirviese para localizar a quien contesta y no da sus datos, "se incurriría en uso delictivo de datos". Ayer el director de la APD resaltó: "Claro que sería delito. Pero no es fácil que alguien no rellene sus datos personales al contestar el cuestionario, porque a ver quién se niega al señuelo de premios".

Ejemplares sin número

Ambas empresas remitieron el pasado lunes a EL PAÍS ejemplares de sus encuestas, a requerimiento de este periódico. Curiosamente, no llevaban ningún número de orden. En cambio, los formularios que reciben los ciudadanos ostentan ese número en la primera hoja. Lo que también nos alarma" -dice Martín Casallo, "es que ambas empresas solicitan un número desmesurado de datos, una auténtica -radiografía del ciudadano, que no sabe a. qué está contestando en realidad".

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) recordó ayer que ha pedido al Instituto de Consumo que tome medidas; y a los consumidores, que no contesten.

Portavoces de la empresa Consodata aseguraron ayer por la mañana en Barcelona que su encuesta no se presenta en ningún caso como anónima.

En su escrito al usuario, esta firma indica que los datos de quien responda no será utilizados si así lo indica el ciudadano en el casillero correspondiente.