Desacato

Hace bien el Consejo General del Poder Judicial en contemplar el posible restablecimiento del tipo penal del desacato. Algo habrá que hacer en realidad para poner freno al creciente desprestigio de la Administración de la Justicia, con todo lo que ello comporta de pérdida de confianza ciudadana, de inseguridad jurídica y económica y consecuente mengua de la libertad civil. Y a ello ha contribuido, en cuantía no menor, la serie de disparates chulescos que muchos políticos y, más aún, sus analistas de Corte, han dicho sobre los jueces cuando la luz del estrellato de turno no ha iluminado la senda que ellos seguían. Hay medios, columnistas y cronistas especializados en la injuria que se han complacido en denigrar sistemáticamente al juez que no caía en gracia a su Mecenas. Y es claro que una cosa es la libre crítica del poder -incluso del judicial- y otra el desprestigio sistemático de sus titulares que lleva a erosionar la función misma que desempeñan. Y al navajeo de los autores de opinión, habría que añadir la insolencia frecuente de los encausados -algún financiero no menos que muchos presuntos terroristas- y, no se olvide, la manipulación pretendida cuando no conseguida por las fuerzas políticas.¿Cabe mayor falta de respeto hacia la autoridad que tratar de utilizarla en beneficio propio, máxime si el interés es parcial -como es inherente al de un partido- y la autoridad es, nada menos, que la voz muda de la ley? Y eso se ha hecho y se hace cada vez que se pretende introducir una cuota partidista en el Consejo del Poder Judicial, influir en la composición de una Sala para determinada ocasión, se escamotea un informe del Consejo por resultar inconveniente a las propias tesis o se utilizan los cauces procesales para prolongar un conflicto político a costa de politizar la administración de justicia. ¿No suena esto al lector como la crónica de todos los días? ¿Y no sería eso remediable si, con o sin reforma del Código Penal, los responsables políticos pusieran coto a la politización general, la de los instrumentos procesales tanto como la de los medios de comunicación, y evitaran, en paralelo, la creciente privatización de la política a manos de grupos de intereses harto manifiestos?

Porque no es esta columna la ocasión de analizar tipos penales, sino de subrayar actitudes éticas, de esa especial ética que al político es exigible. Lo que nuestros clásicos llamaron "ética de cada estado" y, desde ella, también hay que exigir. de jueces y magistrados y de su supremo órgano de gobierno un mayor respeto a la sociedad que están llamados a servir. Es falta de respeto la pasividad ante los intentos de manipulación. Lo es el corporativismo que lleva a la tolerancia de estrellatos judiciales, perjudiciales en sí mismos, pero que, además, se compadecen mal con la manifiesta incapacidad de resolver en tiempo y forma los procesos en que se juega la suerte personal y patrimonial de la ciudadanía. Lo es el relajo de las formas, garantía de rigor y veracidad, que se puede comprobar en cualquier juzgado. Lo es que la situación de sancionado se haya convertido en frecuente, cuando no normal, en ciertos órganos colegiados sin que ello traiga mayores consecuencias. Lo es la inexplicable tardanza en las decisiones y la indiferencia ante las ejecuciones. Lo es la más que frecuente incoherencia en las sentencias que priva a la jurisprudencia de su necesario valor complementario del ordenamiento, instrumento de seguridad y progreso. Y todo eso, que también contribuye al menguante prestigio de la justicia, pudiera ser remediable por la propia judicatura. Sin duda, la reforma procesal, la mejora en la formación e, incluso, la dotación de mayores medios, son necesarias. Pero la autorrevisión del propio talante es aún más importante.

Y una sociedad que se sienta respetada por sus magistrados sabrá imponer el respeto que a los mismos se debe.