El portavoz del Consejo quiere 'resucitar' el desacato

Benigno Varela, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pidió ayer que se restablezca el delito de desacato, desaparecido en 1995 del Código Penal, ante "la reiterada campaña de gratuito desprestigio y de grave injuria o calumnia" contra jueces y magistrados. Sólo la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia se opuso a la resurrección de la vieja figura penal.

Varela hizo su declaración después de trasladar "el sentir unánime" de preocupación del CGPJ por esos ataques; aunque después reconoció que no hubo acuerdo del Consejo sobre ese punto y se responsabilizó sólo él, como portavoz.

Este magistrado explicó que la desaparición de la figura delictiva del desacato impide perseguirlo de oficio y obliga al juez ofendido a querellarse; y que, cuando los jueces son "injustamente tratados o vilipendiados por actuaciones o resoluciones adoptadas en el ejercicio de su profesión, indirectamente se está atacando el prestigio y la dignidad del poder judicial". Se refirió a imputaciones realizadas "en estos días" [véase las que Joaquín Navarro ha dirigido a Ismael Moreno, recogidas en esta misma página] y señaló que "no es válido utilizar el legítimo derecho de crítica de toda resolución judicial, ni tampoco el no menos legítimo derecho de información, para imputar, injustamente ( ... ) verdaderos delitos".

Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, se apresuró a apoyar la reimplantación del delito de desacato. Su portavoz, José Luis Requero, recordó que la APM viene solicitando que se recobre el delito suprimido, ya que "los jueces se han quedado desamparados frente a los apasionamientos de las partes del conflicto".'

María Tardón, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, anticipó también su apoyo a introducir de nuevo esa figura, porque "al insultar a un juez concreto, a quien se quiere desacreditar es a la Administración de Justicia y en definitiva al Estado". Sin desacato, el juez ofendido ha de querellarse, "lo que permite quitarse de enmedio a los jueces molestos, pues al querellarse contra alguien se puede demostrar enemistad manifiesta y el juez debe ser retirado del caso".

Por el contrario, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, aún cuando expresó que su asociación comparte la preocupación por los ataques a los jueces, se mostró contrario a resucitar el desacato, "porque en la pugna entre la libertad de expresión y las instituciones y poderes, el juez debe aguantar más" y si el ataque es desmesurado, puede querellarse o recurrir a la vía civil.

En la misma, línea, la diputada socialista y ex viceministra de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que "el desacato protegía el principio de autoridad que, en un Estado democrático, debe ceder ante el derecho a la libertad de crítica". Pablo Castellano, de IU, también se mostró en contra de restablecerlo.