El Supremo ratifica la ilegalidad de un Polígono de Algete

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Algete (12.000 habitantes) y los promotores del polígono Los Nogales, situado en el kilómetro 5,500 de la carretera M-100, contra la sentencia de octubre de 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba ilegal la ejecución de las obras de construcción de dicho recinto.

La decisión del Tribunal Superior partió de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid en 1991. En aquella fecha, la Consejería de Política Territorial consideró que la edificación de Los Nogales, que alberga 91 naves construidas por la empresa Promagsa, incumplía las leyes de disciplina urbanística.

El TSJM no sólo reconoció la irregularidad de las naves, sino que, además, declaró "nula de pleno derecho" la decisión del Ayuntamiento de otorgar la licencia de construcción del polígono. La sala consideró que "la competencia para la aprobación corresponde al pleno, por lo que, al haber sido aprobada [la licencia] por la Comisión de Gobierno, [sólo con concejales del PP], el acuerdo es también nulo de pleno derecho".

"Ni las argumentaciones de Promagsa ni las de los adquirientes de las naves constituyen obstáculo alguno [para ejecutar la sentencia], ya que la seguridad jurídica exige precisamente expulsar del mundo del derecho todos los actos que infringen la ley.

Así, con independencia de las acciones que asistan a éstos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos si se consideran per judicados por la actuación municipal que ahora anulamos, toda consecuencia de ésta debe desaparecer", añadió la sentencia.

El polígono de Los Nogales supuso una inversión cercana a los 2.500 millones de pesetas por parte de la promotora y los compradores de las naves. La oposición municipal asegura que el Ayuntamiento tendrá ahora que desmantelar el recinto y devolver esta cantidad más las correspondientes indemnizaciones.

La tardanza del consistorio en cumplir la sentencia hizo que la oposición municipal de Algete presentara un requerimiento ante el Tribunal Superior. El TSJM ha dado un plazo de cinco días al consistorio (hasta el 3 de noviembre) para explicar los motivos de este retraso.

Fuentes municipales de Algete han asegurado que "existe constancia de la sentencia, pero todavía no se ha estudiado la forma de llevarla a efecto con el menor perjuicio para las empresas afectadas".