Admitida una querella por vertidos contra contra el alcalde de Madrid y dos consejeros

David sigue poniendo en apuros a Goliat. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la querella por supuesto delito ecológico continuado y prevaricación que una asociación vecinal de Perales del Río (Getafe) presentó contra el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, por los malos olores que sufre la zona. Como imputados figuran también los consejeros Carlos Mayor Oreja (Medio Ambiente) y Antonio Beteta (Hacienda).

El Tribunal Superior de Justicia sigue así los pasos de la Comisión Europea. Este organismo también admitió para su estudio, el pasado 9 de octubre, una denuncia casi idéntica de esta pequeña barriada de 5.000 vecinos a las afueras de Getafe (143.000 habitantes), situada entre el cerro de los Ángeles y los distritos madrileños de Vallecas y Villaverde. Como imputados también aparecen las empresas de gestión de Iodos Fertimar, Sufisa y Tracoinsa.La asociación de vecinos Nuevo Perales, que representa a unas 525 familias, ejerce nominalmente como querellante en este proceso. En la sombra se encuentra, no obstante, el propio Ayuntamiento de Getafe, gobernado por el PSOE e Izquierda Unida. "Nuestro apoyo es claro, firme y decidido", proclamó ayer el edil getafense de Medio Ambiente, Joaquín Jiménez Yuste (IU). Y admitió: "Ya sé que pueden tomarnos por gente sin escrúpulos que coloca dinamita bajo el asiento de algunos, pero nos limitamos a respaldar a unos vecinos que protestan con razón".

Los males de Perales tienen su punto de partida, según los afectados, en la planta de tratamiento de Iodos que el Ayuntamiento de Madrid instaló en Vallecas, a menos de dos kilómetros de sus casas. "La playa de secado, al aire libre, ocupa cerca de 135 hectáreas. El volumen de detritus que soportamos a un paso de nuestras viviendas es demoledor", exclamó ayer el portavoz de Nuevo Perales, José Luis Caño.

Según el texto de la querella, los acusados han consentido presuntamente que se hayan vertido a las aguas del río Manzanares "al menos 16.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos, con altos contenidos de metales pesados." Esa cifra se ha extraído, según Jiménez Yuste, de un estudio de impacto medioambiental encargado por el Ayuntamiento getafense a principios de este mismo año. Los denunciantes entienden que los tribunales deben determinar ahora hasta qué punto estos agentes contaminantes pueden afectar a la producción láctea y hortofrutícola de la vega del Jarama, la más importante de la región.

"Seguimiento policial"

El concejal de Medio Ambiente agregó que su departamento ha podido comprobar, "gracias a labores de seguimiento casi policiacas", que algunos Iodos industriales se enviaban a la planta de tratamiento "mezclados con estómagos de rumiantes, porque se supone, no muy científicamente, que ello minimiza la toxicidad". Jiménez Yuste concluyó: "A cualquiera le pueden entrar ganas de vomitar después de conocer estas cosas. Por eso, la indignación en Perales del Río está alcanzando niveles insoportables".Los vecinos reclamaron ayer que los consejeros y el alcalde de la capital se avengan a la búsqueda de soluciones políticas al problema. De prosperar la querella, recordó su abogado, las penas podrían ascender hasta a cuatro años de prisión y, diez de inhabilitación, además del cierre de las empresas.

José María Álvarez del Manzano y Antonio Beteta (que suma a su condición de consejero la de presidente del Canal de Isabel II) rechazaron ayer valorar la decisión del tribunal hasta conocer con detalle el contenido de la querella. Mayor Oreja había dicho el martes a Europa Press que el coste de las reformas necesarias para satisfacer a los peraleños supera los 3.000 millones.