El consejero de Hacienda ordena identificarse a todos los empleados autonómicos que atienden al público
![José Manuel Romero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb265938e-cd4f-4d37-92d5-821dd2616571.png?auth=230b533e117446ffd65338f6854a06eb3e1eebc5a849f4060f0e4daea797c4da&width=100&height=100&smart=true)
La burocracia de la Comunidad de Madrid tendrá, a partir de ahora, nombres y apellidos. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, ha firmado una orden que obliga a identificarse a todo el personal que desempeñe funciones de atención al público. "En tres meses, esta orden se habrá aplicado al completo en todas las dependencias autonómicas", anuncia José Luis Moreno, director general de Calidad de los Servicios.Unos 1.600 empleados autonómicos se verán afectados por la nueva normativa, que desarrolla la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, aprobada en 1992.
Los trabajadores de la Administración regional cuya tarea consista en la atención telefónica deberán "identificarse al inicio de la conversación", explica la orden. Moreno matiza que, en un primer momento, sólo será obligatorio si lo pide el usuario. El funcionario deberá "indicar de forma clara y precisa la unidad a la que pertenece y, en el caso de que el ciudadano lo requiera, su nombre, apellidos y cargo que ocupa" . En las dependencias donde exista "una relación verbal -directa" con los administrados, "deberá colocarse un rótulo en cada mesa identificándose de forma individual el puesto de trabajo o la función más signifiativa que desempeñe", además "del nombre y apellidos del empleado que la ocupa".
Cuando los trabajadores autonómicos tengan que desplazarse fuera de su puesto de trabajo, tendrán que identificarse mediante una tarjeta en la que constarán sus nombres y apellidos y los cargos que ocupan. Si los funcionarios escriben oficios dirigidos a los ciudadanos, deberá figurar en los mismos la unidad que redacta el documento, la dirección, el teléfono o el fax del departamento y la firma del empleado público con su nombre y apellidos completos.
"Con esta medida, los ciudadanos podrán conocer a los que tramitan sus expedientes de una forma transparente. Y la Administración controlará el lugar donde se atascan dichos expedientes", concluye el director general de Calidad de los Servicios.
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