"La profesionalización de las Fuerzas Armadas se garantizara por ley"
Pedro Morenés Eulate, 49 años, vizcaíno de Las Arenas, es el responsable de asegurar, en tiempos de rigor presupuestario, que el proyecto de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que el Gobiemo se ha comprometido a culminar en el año 2.003, no naufraga por falta de recursos. Desde mayo de 1996 aplica su experiencia jurídica y empresarial a la Secretaría de Estado de Defensa.Pregunta. El ministro Eduardo Serra cifró en 1,25 billones de pesetas de 1997, 300.000 millones más de lo que se gasta ahora, el coste del Ejército profesional. ¿Es compatible ese cifra con el objetivo de reducción del déficit?
Respuesta. Yo creo que sí. Si España no creciese en los términos que es razonable esperar, no resultaría sensato. Pero si la riqueza que tenemos que defender crece como es previsible habrá que asumir nuestras responsabilidades como país. Esos 1,25 billones de 1997 representan el coste de un proyecto ilusionante: dotar a España de las Fuerzas Armadas que se merece, modernas y profesionales, con capacidad de proyección y una dimensión más reducida. Se trata de una auténtica revolución. Y con una inversión en Defensa en tomo al 1,53 del PIB, que será todavía la menor de nuestro entorno. Ese gasto no sólo me parece asumible, sino deseable.
P. Durante su comparecencia ante el Congreso, para explicar los presupuestos de 1998, los jefes de los ejércitos ofrecieron una visión mucho menos optimista que los responsables del ministerio. Sus opiniones sobre el mantenimiento y la operatividad de las Fuerzas Armadas fueron muy duras.
R. No conozco ningún jefe de Estado Mayor en el mundo que no diga que necesita más. Las necesidades siempre son mayores desde el punto de vista del que pide que del que da. Los jefes de Estado Mayor cumplen con su deber al señalar las carencias, pero la Defensa no son los ejércitos, es la Nación entera, que tiene una serie de necesidades y de obligaciones. Sería fantástico, por ejemplo, duplicar las pensiones de las viudas, pero las cosas requieren cierto equilibrio. Cada uno cumple su papel y es, normal que haya diferencias entre quienes son Gobierno, y deben tener una visión más general, y quienes no lo son, aunque estoy convencido de que los jefes de Estado Mayor asumen el presupuesto en su conjunto, como no podía ser. de otra manera.
P. Está pendiente una nueva ley de dotaciones que fije las futuras inversiones en Defensa.
R. Nos estamos planteando si, como técnica jurídica, es mejor hacer una ley de profesionalización, centrada en los aspectos organizativos, y otra de dotaciones, que garantice los recursos necesarios, o unir ambas en un cuerpo legal único. En todo caso, se tramitarían en paralelo, pues profesionalización y modernización deben ser simultáneas. En cuanto la comisión parlamentaria defina el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, será absolutamente necesario establecer el marco que lo haga posible. Hay que decirle, al Parlamento que el proyecto tiene un coste y su inanciación convendría protegerla con un instrumento legal que nos permita luego, año a año, plasmarla en el presupuesto.
P. La ley actual, que sólo contemplaba los gastos de inversión, y no de personal como ahora se quiere, ha sido incumplida. -R. Porque no había un horizonte conocido. Había voluntad, no proyecto. Ahora se trata de financiar un proyecto conocido y viable. Lo lógico es que la nueva ley cubriese, como objetivo primero, el periodo de transición hasta el Ejército profesional. Aunque los presupuestos se aprueban cada año, la ley da seguridad, es un compromiso del Gobierno ratificado por el Parlamento.
P. Defensa sacó a concurso un estudio para privatizar la gestión de su importante patrimonio inmobiliario...
R. No es exactamente así. La Gerencia de Infraestructura, como organismo administrativo, tiene ciertas restricciones que le impiden ser realmente eficiente y pensamos que eso sólo podemos conseguirlo a través de mecanismos de derecho privado. Acudir al mercado de manera absolutamente transparente, con todas las garantías, pero también con las mismas reglas de juego que los demás. Los ganadores del concurso nos. han presentado unas primeras conclusiones que apuntan en esa dirección. El proceso de desafectación [de los terrenos militares] debe ser administrativo, no se puede ceder, pero la venta debería estar sometida al derecho mercantil.
P. ¿Una sociedad anónima con participación privada?
R. Siempre que se garantice la transparencia en la gestión, no descartamos ninguna posibilidad.
P. Alemania ha despejado finalmente las dudas sobre el futuro del Eurocaza (EFA), en el que España participa con un 13%.
R. El Gobierno ha dicho que va adelante, pero lo tiene que someter al Parlamento. Todo apunta a, que Alemania entrará definitivamente en el EFA. Estamos preparados para firmar a principios de diciembre los MOU [acuerdos] de producción y apoyo logístico, que son los únicos que faltan.
P. ¿Cuál será el coste final del programa EFA para España? .
R. Contando lo que ya hemos pagado, alrededor de 1,1 billones.
P. ¿No es demasiado dinero por 87 aviones?
R. Si no hubiese EFA es muy dudoso que la industria aeronaútica europea pudiese competir con la de Estados Unidos.
P. ¿Es exportable el EFA?
R. Lo es. Ya hay países interesados, como Corea y Noruega. Si cumplimos los plazos, será el más avanzado en el mercado.'
P. El otro gran programa pendiente es el carro Leopard 2...
R. La decisión del Consejo de Ministros debería producirse en los dos primeros meses de 1998. Este proyecto nos debe servir para contar con una industria de carros de combate competitiva. Queremos un magnífico Leopard, fabricado y mantenido en España.
P. ¿A cuánto asciende el programa?
R. Estamos hablando de 219 carros, más otros 23 de recuperación. En total, en tomo a 230 o 240.000 millones.
P. ¿Los fabricará Santa Bárbara Blindados en Sevilla?
R. Contamos al cien por cien con SBB. Lo que le interesa a Defensa es que el programa Leopard tenga un responsable y eso pasa porque haya una organización empresarial única y no dos o cinco. Nos interesa también que Klauss Maffei [a firma alemana que diseñó el carro] esté en esa sociedad, porque es una garantía de que se cumplen las condiciones de calidad, precio y plazo, sin mengua de las capacidades de SBB.
P. Se ha hablado de una posible privatización de SBB. Para Defensa, ¿debe seguir siendo el Estado propietario de esa empresa?
R. Defensa no tiene opinión sobre si debe ser pública o privada. Lo que necesita es que los costes sean los estrictamente necesarios y eso significa gestión eficaz. La experiencia demuestra que conviene renovar los sistemas de gestión de determinadas empresas, pero eso compete a su dueño, que es el Ministerio de Industria.
P. ¿Ha perjudicado el proceso contra la dictadura chilena abierto en la Audiencia Nacional la venta a dicho país de dos submarinos?
R. [Silencio seguido de sonrisa]. Tenemos buenas noticias de Chile.
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