El PP zanja la investigación de la compra de la compra de un edificio por la Junta de Castilla y León

La oposición del PSOE e Izquierda Unida en as Cortes de Castilla y León pidió ayer la inmediata dimisión o el cese de la consejera de Economía de la Junta, tras conocer en el pleno del Legislativo las conclusiones de la comisión de investigación de las Cortes, que establecen, gracias a la mayoría del Partido Popular, "que no existieron irregularidades en la compra que realizó la Junta de Castilla y León de un edificio para usos múltiples en Segovia a la empresa Navisa".

El pleno de las Cortes conoció ayer a puerta cerrada, según establece el reglamento de la Cámara, las conclusiones de la comisión investigadora, que por espacio de varios meses ha estudiado la compra de ese edificio, adquirido por la Junta, según manifestaron los empresarios de la construcción segoviana, a un precio muy superior al del mercado.En las 10 conclusiones se establece que los expedientes de compra se tramitaron con respeto a la legalidad, que no existió irregularidad alguna y que tampoco existió trato de favor para nadie ni información privilegiada; que no se produjeron presiones a técnicos ni funcionarios, que el edificio que costó más de 1.000 millones de pesetas fue comprado a un precio inferior al de mercado en esa zona de la capital segoviana; que el sistema de adjudicación se ajustó a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que existió absoluta claridad de la Junta de Castilla y León en todas y cada una de las resoluciones adoptadas.

Fiscalización

En el dictamen de los grupos de la oposición, PSOE e IU censuran la actuación de la consejera Isabel Carrasco, cuya dimisión, han pedido, y anuncian también que remitirán todo el caso al Tribunal de Cuentas para que este organismo fiscalice cuanta documentación ha sido aportada.La oposición también ha solicitado una modificación inmediata del reglamento de la Cámara legislativa con el fin de evitar que la mayoría parlamentaria impida las comparecencias solicitadas por la oposición, tal y como ha ocurrido en las diferentes reuniones que ha mantenido la comisión investigadora. PSOE e Izquierda Unida centran sus críticas en que solamente han comparecido aquellos testigos presentados a instancias del Grupo Popular, que gobierna por mayoría absoluta las Cortes regionales.

La oposición también pide que la Consejería de Economía no conceda aplazamiento alguno para la finalización de las obras del edificio, que no se apruebe reforma o modificación alguna de la estructura del mismo y que se impongan las penalizaciones por retrasos previstas en la legislación de contratación.

El edificio que adquirió la unta de Castilla y León a la empresa Navisa perteneció a Pedro Antonio Hernández Escorial, presidente del Partido Popular en Segovia, que vendió a Navisa el inmueble por un precio muy inferior al que finalmente pagó la Junta de Castilla y León.