Un acuerdo para la transición

España 1977. Adolfo Suárez se encuentra con una difícil herencia. El régimen franquista ha soslayado la primera crisis energética de 1973 sin tomar ninguna medida para impedir el deterioro de la economía,. más preocupado por su propia supervivencia que por el futuro de España. Mientras que otros países desarrollados han respondido al alza del petróleo -que ha pasado de 1,63 dólares por barril a principios de 1973 a- 14 dólares a principios de 1974- imponiendo duras restricciones al consumo y forzando planes de ahorro energético, en España la gasolina se ha mantenido a 11 pesetas el litro y sólo ha subido a 12 pesetas en 1974. Cuando comienza 1977 su precio ya se ha elevado a 28 pesetas, pero la sangría en divisas que ha costado el mantenimiento de los precios ha neutralizado los ingresos provenientes de los 34 millones de turistas que visitaron nuestro país ese año.

Suárez no cuenta con la con fianza de los partidos democráticos, a los que debe legalizar, y tiene que ganarse a pulso la confianza de los españoles.

Inflación al 26,4% anual

Al miedo de revivir los horrores del alzamiento franquista de 1936, la población suma el deterioro de la situación económica. En 1977 ya había 900.000 personas en el desempleo, el 5,7% de la población activa, de las que sólo 300.000 contaban con un seguro de paro. Los precios subían a una tasa del 26,4% anual, mientras que el salario mínimo se había anclado en 15.000 pesetas (en aquel año un litro de aceite costaba 125 pesetas y uno de leche 35 pesetas). La renta per cápita se situó en 226.098 pesetas, con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,8%. El décifit exterior alcanzaba los 14.000 millones de dólares (unos 1,2 billones de pesetas), tres veces más que las reservas del Banco de España.Al mismo tiempo, la presión del movimiento sindical permite que los salarios aumenten hasta un 7,5% en tasas reales, frente al 5% de la Comunidad Europea.

En un histórico envite, el 17 de marzo Suárez promulga el decreto de amnistía para los presos políticos y, todavía más, el Sábado Santo, el 9 de abril, legaliza al PCE, lo que le cuesta una declaración adversa del alto mando militar y la dimisión del almirante Pita da Veiga, ministro de Marina. Pero el proceso de apertura es imparable. El 28 de abril son legalizados los sindicatos y el 13 de mayo la presidenta del PCE, Dolores Ibárruri (Pasionaria) llega a Madrid: un símbolo del cierre del enfrentamiento entre los españoles.

Los partidos democráticos y la opinión pública parecen sorprendidos y hasta encandilados por la línea política de Suárez, hasta poco tiempo atrás denunciado como un oscuro funcionario del Movimiento. Cuando se convocan, a mediados de junio, las primeras elecciones democráticas, la Unión de Centro Democrático, un heterogéneo grupo de elementos centristas (que Suárez ha conseguido aglutinar, se hace con la mayoría relativa del Congreso de los Diputados. El 4 julio se forma en España el primer Gobierno demócratico después de la II República.

Pero Suárez debe negociar todo. Su minoría no le permite adoptar leyes sin consenso y el nuevo régimen no hace aconsejable tomar medidas que puedan romper el arco democrático.

La adopción de un paquete de medidas políticas que reformen las leyes franquistas con vistas a homologar España a los valores y a las prácticas (le las sociedades democráticas era una asignatura pendiente, en la que el presidente del Gobierno podía contar con el respaldo mayoritario. Más difícil era afrontar la crisis económica, ya que de las soluciones que se planteasen podría salir fortalecido un modelo de, economía social o de economía ole mercado.

Hacia el diálogo

Intentando levitar por encima de los dos opciones, el vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, hacía un angustioso llamamiento: "O la democracia acaba con la inflación o la inflación acaba con la democracia".El 11 de julio, el Gobierno presenta una "Declaración Programática" en la que se planteaba la devalución de la peseta, en un 19%, para aliviar las presiones sobre las exportaciones españolas y, por consiguiente, sobre el décifit exterior, al tiempo que anunciaba una reforma fiscal. Era el momento en que el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, hizo famoso el "Hacienda somos todos" con el objetivo de que pagasen más los que más ingresos obtuvieran.

El PCE responde positivamente a la propuesta, aunque solicita que ese programa sea puesto en marcha por un Gobierno de "concentración democrática". Pero esa idea choca con los planes de Suárez, quien recuerda que "no se trataba de establecer ni un Gobierno paralelo ni, mucho menos, un Gobierno de concentración". En esa línea, el presidente del Gobierno convocó el 8 de octubre a los representantes de todos los partidos políticos parlamentarios para establecer un diálogo conjunto.

Fuentes empleó más de una hora para desgranar el contenido de la propuesta. Mientras, los representantes vascos abandonaron la reunión apresuradamente: ETA había asesinado al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea.

Tras unas agotadoras sesiones de trabajo que se alargaron hasta el día 9, Gobierno y partidos parlamentarios aceptan un documento bautizado como "Resumen de Trabajo" y que es la base del paquete económico de los Pactos (véase recuadro).

El gran obstáculo para conseguir el éxito del plan era el alto índice de paro existente, que hubiera exigido un incremento de las inversiones, algo incompatible con las restricciones impuestas a la política monetaria. Y este fue el primer fracaso de los Pactos de la Moncloa. Otras 100.000 personas fueron a engrosar el desempleo en los meses siguientes, con lo que se llegó a finales de 1978 con más de un millón de parados.

En el haber del acuerdo, sin embargo, hay que recordar el recorte de la inflación, que pasó del 26,4% en 1977 al 17% en 1978; la balanza de pagos mejoró sustancialmente y se consiguió un superávit de 2.500 millones de dólares al año siguiente, mientras que el crecimiento económico duplicó el 1,1 % previsto.

"La situación política resultaba propicia", recuerda José Víctor Sevilla Segura, más tarde secretario de Estado de Hacienda con el primer Gobierno socialista, "puesto que desde la perspectiva de la derecha existía en el país -como pusieron de manifiesto las elecciones- una izquierda considerable, cuyos propósitos eran ignorados y, en parte, temidos".

De esta forma, los Pactos de la Moncloa pueden ser considerados, con el paso del tiempo, como un hábil movimiento de Suárez que consiguió el respaldo de todas las fuerzas hostiles, enseñando la zanahoria de la liberalización política, para que le permitieran realizar la transición dentro del marco de la economía de mercado.

Quizás esa fuera la razón por la que el contenido económico de los pactos se firmó solemnemente en el Palacio de la Moncloa al 25 de octubre -con retransmisión de TVE en directo incluida- y los de contenido político se rubricaron recatadamente dos días más tarde en un salón del Congreso de los Diputados (véase recuadro).

En ese camino se había descolgado Alianza Popular, que firmó los pactos económicos pero que se negó a rubricar los políticos. Su líder, Manuel Fraga, se justificó: "No hemos creído que este pacto fuese ni oportuno ni efectivo".

Fuentes se retiró, desilusionado, en febrero de 1978, después de comprobar la falta de interés político por parte de UCD para acometer las reformas económicas estructurales (véase recuadro de incumplimientos). En la dimisión le acompañó Alberto Oliart, ministro de Industria y Energía. Así, el único socialdemócrata que quedó en el Gobierno Suárez fue Fernández Ordóñez, sin la fuerza suficiente para impedir que el Ejecutivo comenzase a realizar una "lectura de derechas" del contenido económico de los Pactos, algo que supuso el fracaso final de lo que se definió años mas tarde como "el compromiso histórico" español.